El Ministerio de Justicia amplió a un millón de pesos la recompensa para las personas que, sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que resulten determinantes para dar con el paradero de quienes hubiesen sido víctimas del delito de sustracción de menores y supresión de identidad durante la última dictadura, permitiendo, con la información brindada, restituir la identidad de esas víctimas. La Resolución 409 firmada por el ministro Julio Alak y publicada hoy en el Boletín Oficial, indica que quienes quieran suministrar datos deberán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas ordenada por la Justicia, al (011) 5300-4020(011) 5300-4020. Hasta el momento se ha logrado la restitución de 110 jóvenes víctimas del delito de sustracción de menores y supresión de identidad durante el terrorismo de Estado, y aún restan encontrar cerca de otras 400 víctimas. Para colaborar en la búsqueda, la cartera de Justicia y Derechos Humanos acordó en abril de 2013 con las Abuelas de la Plaza de Mayo, el ofrecimiento de una recompensa monetaria para quienes brinden información que permita dar con el paradero y restituir su identidad a las víctimas. En casi un año se recibieron más de 1.900 llamados telefónicas desde todo el país y se han presentado a prestar declaración presencial más de 200 personas interesadas en ingresar al Fondo Permanente de Recompensas, mientras otro número importante de ciudadanos han ofrecido información de manera anónima y desinteresada. La información obtenida por esta vía es remitida a los organismos encargados de iniciar las investigaciones. La Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación destacó en su informe anual que “el flujo de casos ingresados a esta Unidad creció particularmente a partir de la creación del Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas y su Fondo de Recompensas para aquellas personas que aporten datos novedosos que posibiliten la restitución de la identidad de un/a joven apropiado/a”.
1 millón de pesos de recompensa por aportar datos de hijos de desaparecidos
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