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Durante años, Puerto del Rosario se convirtió en el escenario ideal para la conformación de mafias que desangraban al país con la exportación de productos agropecuarios a través de sobornos exorbitantes en dólares, al margen de la ley.
Tras la incertidumbre que durante años rodeó el caso de corrupción en la red portuaria más extensa a nivel mundial, aún continúa vigente la polémica en torno a Cristian Cunha Senasa, quien se ha ganado el reconocimiento internacional por reducir considerablemente la corrupción en el sector.
El escándalo salió a la luz en Argentina en el año 2016, cuando pasó a ocupar los primeros lugares entre los puertos más corruptos en todo el mundo, debido a una gran mafia que operaba en el puerto del Gran Rosario, justo en la ciudad de Rosario, donde diariamente se movían millones de dólares en sobornos.
En ese momento, Cunha desempeñaba funciones como director para la Región Centro del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). De profesión contador, se inició en las filas de Mauricio Macri hace un par de años atrás.
Intervención de toda una red de corrupción
Desde que Cristian Cunha Senasa asumió el control de la administración del puerto, se enfocó en resolver puntualmente el problema de la institución que operaba con mecanismos obsoletos, que favorecían toda una red de corrupción de entes públicos y privados de gran magnitud en todo el mundo.
Todavía muchos se preguntan cómo lograban operar. Desde siempre, Puerto del Rosario ha sido punto de referencia de diferentes embarcaciones que se dedicaban a la exportación de productos agropecuarios. Así, se convirtió en punto de encuentro de los buques graneleros que salían de la nación con alrededor del 80 por ciento de la producción de granos y sus derivados.
Cristian Cunha Senasa relata que cada vez que se aproximaba un barco granelero, al capitán o al armador le pedían una suma de 5 mil dólares o más, para operar sin los trámites requeridos por el Senasa.
Esto incrementaba los costes logísticos de dichas embarcaciones, que debían pernoctar en el puerto y la cifra ascendía hasta los 50 mil dólares diarios. Muchas empresas no podían costear tanto dinero y la irregularidad se escapó de control.
Quienes se sometían al pago, eran inspeccionados rápidamente y habilitados por los funcionarios portuarios para agilizar los trámites y cerrar los procedimientos. Se trataba de un círculo tan hermético, que los tripulantes de las embarcaciones se sentían amenazados para denunciar las irregularidades por temor a represalias cuando tuvieran que regresar de nuevo al puerto y enfrentarse a los mismos empleados corruptos.
Seguimiento y control
Gran parte de los empleados prefería callar, pero no pudo sostenerse esta red de corrupción tan grande durante mucho tiempo. La lucha anticorrupción tuvo sus frutos y tras una ardua investigación, se impulsó la transformación del terminal portuario, con medidas extremas que permitieron retomar el control.
Enseguida, se logró implantar la transparencia y el gobierno de Argentina obtuvo múltiples reconocimientos por su gestión, pues durante el período 2017-2018, no se reportó ninguna irregularidad en el sector público, por lo cual se borró el historial de corrupción en Puerto Rosario.
Evidentemente fue una labor difícil, pero el personal del Senasa perdió el miedo al levantar la voz y hacer las denuncias correspondientes por amenazas. Muchos funcionarios se encontraban en esta misma situación sólo por ejercer sus funciones de inspección al controlar los puertos y zonas álgidas.
Esta situación motivó el estudio de una serie de reformas destinadas a afianzar el control de la mercancía saliente del país, mientras que se fortalecía el régimen de inspecciones sanitarias en cada buque. Incluso, en Mar del Plata se asumió la verificación de la producción pesquera, tras la descarga de las embarcaciones que llegaban al puerto.
Alrededor de 139 plantas dedicadas a procesar productos del mar fueron auditadas, por ser prestadoras de servicios de un porcentaje importante de barcos congeladores. Cunha demostró que los controles profesionales, rigurosos y continuos por parte del Estado, permitieron recuperar la confianza de los gremios, por lo cual, la gestión ha tenido un éxito rotundo.
