La Reapertura del Caso del Atentado de 1976: Un Debate que Divide
Las tensiones afloran en Comodoro Py mientras se reaviva la investigación sobre el atentado al comedor de la Policía Federal que dejó 24 muertos y más de un centenar de heridos.
En una audiencia marcada por la confrontación, los abogados y las partes involucradas discutieron en los tribunales de Comodoro Py sobre la decisión de la Cámara Federal de reabrir la investigación relacionada con el ataque del 12 de julio de 1976. Este hecho, que sacudió al país, se considera un crimen de lesa humanidad por muchas de las víctimas y sus allegados.
Una Reactivación Controvertida
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, compuesta por Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar, se prepara para deliberar sobre la validez de esta reapertura. La controversia se centra en si el caso, que ha sido archivado por más de dos décadas, debe ser reinvestigado o cerrado definitivamente.
Posturas Encontradas
Gustavo Maradini Drago, abogado del exlíder montonero Mario Firmenich, fue uno de los primeros en exponer su crítica. Afirmó que ya quince magistrados habían determinado la prescripción del caso debido a la «ausencia de participación estatal», lo que, según él, excluye responsabilidad del Estado argentino en el ataque, que utilizó métodos de guerra como la bomba de tipo vietnamita.
La Voz de las Víctimas
Desde el público, la sala se vio invadida por reacciones tanto de apoyo como de rechazo. Las más de 40 personas presentes levantaron pancartas y gritaron consignas, visibilizando la polarización que este tema genera en la sociedad argentina.
Una Batalla Cultural
Antes de Maradini Drago, la abogada Myriam Bregman, representante de Patricia Walsh, hija del emblemático Rodolfo Walsh, planteó un análisis sobre el contexto actual. Bregman considera que la reapertura es parte de una “batalla cultural” impulsada por el Gobierno de Javier Milei, y acusó a la vicepresidenta Victoria Villarruel de ser cómplice en este proceso.
Derechos Humanos en Debate
El defensor oficial Santiago Martínez, que representa a varios implicados, argumentó que el atentado no formaba parte de un agravio a los derechos humanos y criticó la falta de razonabilidad de revisar un caso que ocurrió hace más de cinco décadas.
Argumentos de la Querella
Laura Olea, abogada de Justicia y Concordia, defendió la decisión de la Cámara, señalando que el atentado era una violación grave a los derechos humanos, lo que contradice la afirmación del abogado defensor. Olea contextualizó el hecho dentro de la “guerra revolucionaria” que atravesaba Argentina, ligándolo a cerca de 21,000 ataques de diversos grupos durante ese tiempo.
Un Sistema Judicial en Tensión
Ricardo Saint Jean, abogado de las víctimas, subrayó el papel de financiamiento extranjero en las acciones de Montoneros, argumentando que tales actos no pueden ser eludidos ni considerados prescritos. En sus palabras, la violencia desatada puso en jaque a la sociedad argentina y no se puede restar importancia a esos actos.
El Cierre de la Audiencia
Saint Jean reconoció que, aunque la discusión sobre los plazos es válida, debería aplicarse también a aquellos que recibieron el mismo trato injusto en el contexto del terrorismo de Estado. La controversia sigue, con la mirada atenta de una sociedad que busca justicia ymemoria.
