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Ese será el objetivo de una audiencia convocada por el juez para el martes en Nueva York de la que participarán bancos y acreedores. Buscarán aclarar el destino de los u$s539 millones girados por la Argentina pero que no se pagaron a bonistas. Empresarios locales esperan una solución
Tras el rechazo de la Corte Suprema de los Estados Unidos a tomar el juicio entre Argentina y los holdouts, Griesa designó al abogado Daniel Pollack para que oficie de mediador en la negociación entre ambas partes sobre la forma y el plazo del pago de 1.330 millones de dólares que el magistrado falló a favor de ese grupo de bonistas, pero sin resultados concretos hasta hoy.
La nueva convocatoria de Griesa responde a pedidos de los bancos que operan como agentes de pagos a los bonistas que ingresaron al canje, que le reclamaron al juez aclaraciones sobre qué deben hacer con el dinero que Argentina depositó en sus cuentas cuando operó el vencimiento del 30 de junio -y que ellos, por contrato, están obligados a girar a los acreedores regulares- pero que el juez ordenó que sea devuelto al país.
Ante el incumplimiento del pago, se abrió un período de gracia de un mes que vence el 30 de julio, para que Argentina no ingrese en lo que los economistas llaman un default técnico.
Si bien el Bank of New York Mellon (BONY) recibió la orden de Griesa de no girar el dinero desde Buenos Aires a Nueva York, las entidades que deben realizar las transacciones de bonos con legislación europea le solicitaron al magistrado que precise si su sentencia los incluye.
Los bancos temen que de incumplir con cláusulas contractuales los bonistas accionen en su contra.
En la convocatoria a la audiencia del martes, Griesa no incluyó a la Argentina y por lo tanto el Gobierno evaluaba si los letrados que representan al país participarán sólo de manera presencial o si le solicitarán al juez que sean parte de la discusión.
El encuentro es considerado clave porque allí Griesa podría dejar sentada su posición respecto al pedido de la Argentina para que reponga el amparo (stay) que permite el pago a bonistas regulares y evita el default técnico, al dejar sin efecto momentáneamente el fallo del juez que ordenó abonarle a los holdouts esos 1.330 millones de dólares.
