El Ministerio de Hacienda ha presentado una iniciativa que podría aumentar el margen presupuestario de las comunidades autónomas, permitiéndoles un déficit del 0,1% del PIB entre 2026 y 2028, lo que se traduce en aproximadamente 5.500 millones de euros adicionales para sus presupuestos. Esta propuesta, sin embargo, no genera el consenso esperado, especialmente entre los gobiernos autonómicos del Partido Popular, que demandan una revisión más profunda del sistema de financiación.

Detalles de la Propuesta de Hacienda

Durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, llevada a cabo el lunes, las autoridades de Hacienda comunicaron oficialmente a las comunidades autónomas los objetivos de déficit y deuda proyectados para el periodo mencionado. Además, se estableció un límite máximo de aumento del gasto, un punto clave en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y las cuentas regionales.

Reacciones de las Comunidades Autónomas

A pesar de los beneficios que podría traer la propuesta, varios responsables autonómicos expresaron su insatisfacción. Algunos insisten en que el aumento presupuestario es insuficiente a menos que venga acompañado de una reforma fundamental del sistema de financiación. La consejera de Hacienda de la Comunidad Valenciana, Ruth Merino, describió la situación como una «parálisis» en el avance de discusiones cruciales.

Desafíos en el Debate por la Financiación Autonómica

El principal problema radica en la falta de avances hacia una reforma integral que los gobiernos regionales, especialmente los del Partido Popular, consideran vital. Mientras tanto, el consejero asturiano Guillermo Peláez (PSOE) aboga por un diálogo constructivo, resaltando la importancia de establecer correctamente la «regla de gasto» para facilitar la aprobación de los presupuestos autonómicos.

Impacto en los Presupuestos Generales

La dificultad para alcanzar un consenso sobre la ruta del déficit afecta directamente a la aprobación de los Presupuestos Generales, que llevan prorrogados desde 2023. Las tensiones en el Congreso han sido constantes, especialmente con la reciente ruptura de Junts con el Gobierno, lo que añade más obstáculos a la aprobación de los objetivos presupuestarios.

En definitiva, la financiación autonómica se coloca nuevamente en el centro del debate político y económico, mientras las comunidades buscan condiciones más favorables para su desarrollo y sostenibilidad a largo plazo.