La denuncia de Nisman se tratará en febrero

La denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la presidente Cristina Kirchner, el canciller Héctor Timerman y otros dirigentes políticos por encubrir el atentado a la AMIA, será analizada en febrero por el juez federal Ariel Lijo. En ese momento, el magistrado enviará la causa al fiscal Ramiro González para que opine sobre si debe o no hacerse cargo del expediente. Según adelantaron fuentes judiciales citadas por el diario La Nación, es probable que el fiscal crea que se trata de un hecho nuevo y recomiende que la causa vaya a sorteo. Si se elige un nuevo magistrado, este tiene a su vez la posibilidad de rechazar el expediente al entender que le corresponde a Lijo, por lo que podría plantear una cuestión de competencia que debería ser resuelta por la Cámara Federal. Mientras tanto, Lijo ordenó desgrabar las 5000 horas de escuchas telefónicas y recuperar otras, si existieran. Ninguna otra medida se tomará en el expediente hasta que comience febrero, que es cuando finaliza la feria judicial. Nisman presentó su denuncia en el despacho de Lijo porque se trata del magistrado que intervino en la causa paralela a la principal del caso AMIA, en la que se intenta comprobar si hubo irregularidades en la investigación del atentando de julio de 1994. El juez federal podría considerar que no es competente y enviar la causa a un nuevo sorteo, por entender que la acusación denuncia de Nisman contra la Presidente es un caso diferente al que él ya investiga. La jueza María Servini de Cubría, que estaba a cargo del juzgado de Lijo durante el verano, entendió que el dictamen de Nisman no ameritaba levantar la feria. Sin embargo, con la muerte del fiscal, Lijo adelantó su regreso de las vacaciones y reasumió en su juzgado. Una vez reinstalado, el magistrado ordenó que se protejan las pruebas que respaldan la denuncia de Nisman y le pidió al Gobierno los nombres de los supuestos agentes de inteligencia que investigó el fiscal. El primer paso, cuando la causa tenga un juez definitivo, es que pase a manos del fiscal que le corresponda para que analice si le encuentra mérito para llevar adelante una acción penal contra la Presidenta y el Canciller, y que así queden formalmente imputados.