El Grupo Clarín prepara un plan para dividirse sin vender licencias

Hace pocos años se descubrió una nueva especie de pulpo con la asombrosa habilidad de adaptarse para sobrevivir: lo encontraron capaz de imitar cualidades físicas y confundirse con más de quince especies marinas. Puede simular incluso su muerte antes de, inesperadamente, dar el golpe final antes de ser descubierto. A pesar de sus cualidades, en algunas ocasiones también es devorado por el tiburón, su principal depredador. La metáfora oceánica resulta interesante para entender el proceso legal y político que se vive dentro de las oficinas del Grupo Clarín, en una guerra declarada con el Gobierno. Ambos perdieron esta semana, uno en las urnas y el otro en los tribunales. Debilitados, se disputan quien será presa y quién depredador. Por estas horas los abogados de ambos bandos trabajan más de 14 horas por día para tejer una nueva estrategia jurídica luego del fallo de la Corte Suprema, que para ambos fue inesperado. Clarín busca evitar que el Gobierno avance con la implementación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Afsca –el organismo que implementa la ley de medios– decida cómo debe ser ese proceso. Dentro del Grupo reconocen que una de las posibilidades que se estudian es presentar en las próximas semanas un plan voluntario de adecuación a la Ley, es decir, una propuesta de “desinversión” en la que se ajustarían a los límites en cuanto a cantidad de licencias de cable, cobertura geográfica, y cantidad de canales de señales. La estrategia busca esencialmente que todas las empresas queden en manos de los socios del Grupo. En especial los negocios centrales. Pero antes intentarán frenar la acción del Afsca nuevamente en la Justicia. Será a través de un escrito que presentarán en los próximos días. Clarín contrató más de diez estudios de abogados para analizar los escenarios financieros, contables, jurídicos y hasta penales, de diversas propuestas que enviarán al Gobierno: buscan anticipar el proceso de “transferencia de oficio” de licencias que exige el Gobierno a través de Martín Sabbatella. En el Afsca argumentan que no debería extenderse más allá de seis meses (hasta un año). Los abogados de Clarín, en cambio, consideran que como mínimo un plazo de 30 días –más otro mes de prórroga– para recién presentar su propuesta. “Tenemos diversos planes de adecuación, con alternativas cruzadas entre licencias de cable, canales de televisión y las señales en distintos distritos del país”, sintetizan en la compañía. Recuerdan que la última palabra la tienen los accionistas, que decidirán en la próximas reuniones cuál se ajusta mejor al negocio del Grupo. El Gobierno entiende que los términos para hacer esa presentaciones ya están vencidos. Sabbatella se presentó ayer en el Tribunal de Tasación para avanzar con la valuación del Grupo. En la reunión estuvo Axel Kicillof, quien aportará equipos para “el asesoramiento técnico”. Incluso dentro del Afsca aseguran que es difícil encontrar un grupo que pueda absorber la inversión necesaria para quedarse con parte de Clarín. No es menor el impedimento: si las licitaciones se declaran desiertas empieza todo el proceso de nuevo hasta que aparezca el capital. Mientras tanto, Clarín sigue dando su servicio. La mayor discusión se focaliza en Cablevisión. Más allá de Canal 13 y las señales de cable, es el mejor negocio del Grupo: representa más del 80% de la facturación de todas sus empresas. Y es, sin dudas, el mayor activo de la compañía en términos de rentabilidad para las próxima década cuando todo esté conectado a Internet. Según los cálculos del Afsca, Cablevisión debería dividirse en tres compañías distintas para respetar la limitación de cobertura física (24 licencias a nivel país) y cantidad de abonados (nunca mayor al 35% a nivel nacional). Estiman que la empresa de cable cuesta casi U$S 4.000 millones, a poco más de U$S 1.000 por cada uno de los 3,5 millones de clientes. ¿Qué grupo local está en condiciones de desembolsar aunque sea el 25% de ese capital para quedarse con pa