miércoles, diciembre 3, 2025
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El TSJ de Madrid apoya a un sargento de la Guardia Civil en su deseo de compaginar el servicio con un trabajo privado

Esperanza para los Guardias Civiles: Tribunal Superior Revoca Restricción Laboral

Una reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid desafía la política del Ministerio del Interior, permitiendo a un sargento de la Guardia Civil ejercer una actividad privada.

Detalles de la Sentencia

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha invalidado la resolución del Ministerio que prohibía a un sargento de la Guardia Civil compatibilizar su trabajo con una labor de consultoría informática. Esta decisión, datada el 30 de octubre, se basa en la interpretación de que el Complemento Específico (CES) no puede ser utilizado de manera restrictiva al evaluar tales solicitudes.

Derecho a la Actividad Privada

La sentencia, que se basa en la doctrina del Tribunal Supremo, reconoce el derecho del sargento a realizar su actividad privada sin renunciar a su salario del cuerpo. El fallo permite combinar su labor como Guardia Civil con actividad de consultoría, siempre y cuando se respeten las pautas de su puesto y el horario asignado.

Impacto en la Profesión

Fran Peláez, abogado de PenalTech y representante de la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC), señaló que esta resolución ofrece una mayor claridad a los guardias civiles. “A partir de ahora, será difícil que el CES se utilice incorrectamente para limitar oportunidades profesionales”, destacó.

Repercusiones para los Guardias Civiles

El fallo representa un avance significativo para numerosos guardias civiles que buscan llevar a cabo actividades profesionales compatibles fuera de su horario de trabajo. La APROGC subraya que este dictamen proporciona un marco más favorable para que muchos agentes puedan diversificar sus ingresos.

Contexto del Conflicto

El desencadenante de este conflicto fue la interpretación que realizó la Subsecretaría del Ministerio del Interior sobre el CES, que se utiliza como complemento salarial. El Ministerio había considerado de forma errónea que el agente excedía el límite del 30% que la ley establece para autorizaciones de compatibilidad, lo que llevó a exigirle renunciar a parte de su salario.

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