Buenos Aires Avanza en la Regulación de la Inteligencia Artificial en la Gestión Pública
La provincia de Buenos Aires se posiciona a la vanguardia al introducir un proyecto pionero que busca regular el uso de la inteligencia artificial en el ámbito gubernamental.
El gobierno bonaerense oficializó esta ambiciosa iniciativa mediante la Resolución 9/2025 de la Subsecretaría de Gobierno Digital, publicada en el Boletín Oficial.
Una Regulación Necesaria en Tiempos de Innovación
Este nuevo marco normativo tiene como objetivo establecer reglas claras y obligatorias para el desarrollo y uso responsable de sistemas generativos en todas las dependencias estatales de la provincia. La gestión de Axel Kicillof busca anticiparse a desafíos éticos, sociales y legales derivados del impacto de estas herramientas.
Principios Fundamentales de la Regulación
Entre los principios destacados en la regulación se encuentran:
- Neutralidad tecnológica
- Centralidad de la persona humana
- Transparencia
- No discriminación
- Protección de datos personales
- Seguridad
- Responsabilidad demostrada
Además, la normativa prohíbe estrictamente el uso de sistemas considerados de «riesgo inaceptable» y obliga a los organismos a reportar los impactos de sus decisiones, garantizando tanto la trazabilidad como la seguridad algorítmica. Este marco legal busca prevenir abusos y asegurar que los avances tecnológicos se alineen con los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La provincia de Buenos Aires busca regular la IA en la gestión pública
Contexto Global y Nacional
Esta iniciativa se enmarca en un contexto internacional donde países como la Unión Europea y Australia ya han implementado normativas similares. En Argentina, el debate sobre una ley nacional que regule la inteligencia artificial recién comienza, y es posible que pronto se discuta una normativa a nivel nacional en el Congreso.
La Necesidad de una Regulación Oportuna
El gobierno provincial justifica la urgencia de esta regulación ante la creciente implementación de sistemas de IA en la administración pública, incluyendo asistentes virtuales para trámites y algoritmos destinados al análisis de datos. Sin embargo, su uso descontrolado puede resultar en consecuencias negativas, tales como discriminación, violaciones a la privacidad y decisiones automatizadas sin la supervisión adecuada.
