Piden 22 años de prisión para el maquinista de la tragedia de Once

Córdoba «indefectiblemente ha sido mendaz en sus dichos», comenzó su alegato ante el Tribunal Oral Federal 2 el abogado Antonio Garcia, de la querella que responde al abogado Gregorio Dalbón, expulsado de las audiencias. Como había anticipado al inicio del alegato esta querella sólo acusó al maquinista por el choque del tren en la estación de Once que causó 51 muertos y más de 700 heridos. Ante los jueces Jorge Tassara, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, el abogado aseveró que el maquinista «indefectiblemente ha sido mendaz en sus dichos». La etapa de alegatos se inició en el Salón de Usos Múltiples de los Tribunales Federales del barrio porteño de Retiro a sala llena y con la presencia de los procesados, entre ellos los ex secretarios de Transporte de la Nación Ricardo Jaime y Juan Schiavi. Desde temprano en la puerta de Comodoro Py 2002 se concentraron familiares de víctimas que colgaron fotos en las rejas, entre ellas una que los mostró junto al papa Francisco. «Las pericias confirmaron que el ‘hombre muerto’, sistema de frenado, había sido desactivado antes del accidente y Córdoba admitió que lo desactivó aduciendo que tenía el brazo o mano cansada y eso lo motivó a hacerlo», agregó el abogado García. «De lo que pudo haber sucedido, en base a conclusiones de peritos y de los ensayos, no surge el mal funcionamiento del sistema de freno», expresó además. En el juicio actúan tres querellas que representan a familiares de víctimas y sobrevivientes. Luego del primer alegato se dispuso un cuarto intermedio de una hora para continuar con la exposición de la segunda querella y mañana lo hará la tercera. Posteriormente será el turno de la fiscalía a cargo de Fernando Arrigo. Al juicio por la tragedia llegaron 28 acusados, entre ellos Claudio Cirligiano, Schiavi, Jaime, el maquinista Córdoba, el ex plantel directivo de la ex concesionaria del servicio TBA y otros funcionarios. Salvo Córdoba, todos están acusados por «defraudación contra la adminstración pública» y «descarrilamiento culposo» con penas previstas que llegan a seis años de prisión. Córdoba fue enviado a juicio por «descarrilamiento culposo» que prevé de uno a cinco años de cárcel. Todos están excarcelados.