«No voy a aceptar que unos señores liquiden las normas de convivencia que nos hemos dado entre todos», aseguró Rajoy pocos minutos después de que la Abogada del Estado español presentó ante el alto tribunal un recurso de inconstitucionalidad contra la resolución independentista. El Tribunal Constitucional convocó para esta tarde una reunión de su pleno para analizar el recurso del Ejecutivo, que previsiblemente será admitido a trámite, lo que implicará su automática supresión por un plazo de cinco meses. En su recurso, el gobierno español pide explícitamente que se notifique a varios altos cargos catalanes, entre ellos el presidente del gobierno catalán en funciones, Artur Mas, sus consejeros, y la presidenta del parlamento catalán, la activista Carme Forcadell, que en caso de incumplimiento de la suspensión podrían ser juzgados por un delito de desobediencia y suspendidos de sus funciones. «Hemos solicitado que el Tribunal Constitucional acuerde la inmediata suspensión de la resolución y todos sus efectos y que las decisiones sean notificadas de forma personal a quienes tienen responsabilidad de acatarla», explicó Rajoy. El líder conservador compareció desde el Palacio de la Moncloa, sede del Ejecutivo, tras la entrega del recurso y puso de manifiesto la gravedad del desafío de los independentistas catalanes, quienes con su declaración pretenden iniciar un proceso para la creación de un Estado independiente en forma de república. Rajoy destacó que la resolución del Parlamento catalán «supone una vulneración evidente del núcleo de la Constitución española». «Estamos hablando de la esencia de nuestra democracia, del respeto a la soberanía popular y de la unidad de la nación», subrayó. «Cuando se prescinde de la ley, se renuncia a la democracia», añadió el presidente del gobierno. «No se trata de un juicio de valor, ni de la opinión del gobierno sino del criterio del máximo órgano consultivo del Estado», argumentó Rajoy al explicar la decisión, que cuenta con el respaldo del líder del opositor Partido Socialista (PSOE), Pedro Sánchez, y del también opositor Albert Rivera, de Ciudadanos, así como por los «agentes sociales». En plena tensión e incertidumbre sobre la deriva del proceso de ruptura iniciado por Cataluña, Rajoy dejó claro a los secesionistas que «si no se cumplen las resoluciones, si se sigue vulnerando la ley y la Constitución» su gobierno «actuará con firmeza y proporcionalidad». «Estamos defendiendo los derechos de todos los ciudadanos, pero sobretodo los ciudadanos catalanes. Se trata de la defensa de todo un país», enfatizó. «Me gustaría que esta sea la última decisión y que hubiera una rectificación» por parte de los secesionistas, afirmó el presidente del gobierno, quien insistió en que no permitirá que se lleve a cabo este «desafío en toda regla a la ley y la democracia». La resolución aprobada el lunes por el parlamento catalán, donde los independentistas son mayoría desde las elecciones del 27 de septiembre pasado, declara solemnemente el inicio de un proceso de secesión de la norteña región de España, que con 7,5 millones de habitantes es una de la más prósperas del país. Los secesionistas aseguran que llevarán a cabo un proceso de «desconexión» que no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular el Tribunal Constitucional», que consideran «deslegitimado». Se trata de una apuesta por la desobediencia, por eso, piden al futuro gobierno catalán de transición -que aún no se conformó- que sólo se someta a las leyes del parlamento catalán, y que en el plazo máximo de 30 días elabores las normas necesarias para «blindar» el proceso de constitución de una república.
Rajoy impugnó la declaración secesionista de Cataluña y advirtió que no permitirá que se liquide la democracia
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