«Los 15 puntos de la coparticipación son parte de la solución, no del problema»

Al margen, además, de la benevolente interpretación de CFK de extender el fallo por decreto a todas las provincias con el mismo timing inoportuno, que deja lugar a interpretaciones maliciosas en cuanto a su repentino ataque de federalismo fiscal. La excusa de colaboración y esfuerzo provincial en la financiación de la Administración de la Seguridad Social, a donde esos fondos son destinados, tuvo su origen cuando aparecieron en escena las AFJP y había riesgo de desfinanciamiento del sistema previsional público. Pero estatizadas las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones en 2008, esta detracción resulta difícil de justificar. Las provincias ya sufrieron en los últimos años una creciente disminución de recursos coparticipables y hoy sólo reciben un 24 por ciento del total recaudado por la AFIP, es decir, el equivalente a tres meses de recaudación. Los giros automáticos establecidos en el régimen de coparticipación fueron perdiendo cada vez más terreno a favor de los discrecionales, esos que dependen más de la alineación política de cada provincia con el gobierno central de turno que de criterios objetivos. Y es en la minimización de las transferencias discrecionales de donde surge la oportunidad de conformar a todas las partes, ya que esos fondos son prácticamente de la misma magnitud que los 15 puntos de coparticipación en debate. Si el gobierno nacional redujera al mínimo las trasferencias discrecionales lograría compensar la desfinanciación de la Anses y permitiría a las provincias que los 15 puntos adicionales sean distribuidos a través de los criterios objetivos, aunque discutibles, del actual régimen de coparticipación. Esto, a su vez, daría un poco más de equidad al actual esquema de reparto -que aún así es sumamente injusto- al distribuir de acuerdo con los coeficientes fijados por la ley y no por la política, hasta que se pueda encarar el mandato constitucional de reforma del régimen de coparticipación, ya demorado 20 años. La fuerte posición de los gobernadores peronistas, a la que se sumaron también algunos aliados como Mendoza y Corrientes, se entiende porque con estos recursos complementarios la mayoría de las jurisdicciones resolverían sus problemas financieros. En 2015 el déficit consolidado de las 24 provincias se estima en torno de los 26 mil millones de pesos. Si las provincias hubieran contado con los 15 puntos en discusión, sus ingresos adicionales habrían llegado hasta 60 mil millones, con los cuales hubieran cubierto con creces el bache fiscal. Incluso Buenos Aires habría reducido sustancialmente su rojo, al disponer de 11 mil millones más. Que el régimen de coparticipación actual no conforma a nadie ya no es ninguna novedad. Si ni siquiera están satisfechas las provincias que reciben más de lo que aportan, se hace evidente que urge sentarse en la mesa a diagramar uno nuevo que logre el tan difícil equilibrio entre los criterios devolutivos y redistributivos, y en donde la importancia relativa de las transferencias discrecionales tienda a cero. Pero como para hacerlo se necesita mayoría absoluta del Congreso y la unanimidad de todas las provincias, una situación muy difícil de lograr, la única manera de que todos queden contentos es que en el nuevo esquema de distribución sea el gobierno nacional el que ceda recursos aumentando la masa coparticipable. Irónicamente, al derogar el decreto de devolución de los 15 puntos, hasta ahora hizo todo lo contrario. * Director de la consultora NOAnomics, con sede en Salta