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Por un lado, se sospecha que hubo sobreprecios en las compras que hizo el Estado. Pero además, la forma en que estuvo planteada la licitación fue considerada ilegal por el juez, porque se incluyeron todas las adquisiciones del kit juntas, sin haber separado por un lado las cunas, por otro la ropa y por otro los productos de farmacia.
Las licitaciones para el plan Qunita comenzaron cuando Manzur era ministro de Salud y terminaron en la gestión de quien fue su sucesor, Daniel Gollán, también procesado. La conclusión de los trámites llevó la firma de Aníbal Fernández.
El juez Bonadio, a su vez, trabó embargos sobre los bienes de todos los procesados (hay otros 20) por un monto de 440 millones de pesos, el monto estimado de los supuestos sobreprecios.
Aquí se puede ver la resolución completa.
