En una polémica resolución, el Colegio de Corredores Inmobiliarios porteño (Cucicba) dio por inválido el tope vigente y autorizó a las inmobiliarias a “fijar” libremente por contrato “el monto de sus honorarios y de los gastos”, con la única restricción de respetar “los usos, prácticas y costumbres”, y “la buena fe, la moral y las buenas costumbres”. “A falta de estipulación expresa convenida por escrito” –sigue– la comisión será de “entre uno y dos meses de alquiler”. “La medida marca un antes y un después. Pasamos de un arancel fijo del 4,15% a tener libertad de contratación. Lo que el Colegio recomienda es un honorario de entre uno y dos meses, en línea con los usos y las costumbres. Pero las partes ahora pueden negociar y firmar que sea sólo medio mes o que sean tres o cuatro. Rige la oferta y la demanda”, aclaró Héctor D’Odorico, el presidente de Cucicba. Para la entidad de corredores, la medida era necesaria para “defender los derechos profesionales a percibir honorarios” por su trabajo. Pero del lado de los inquilinos rechazan el cambio y siguen considerando ilegal toda comisión mayor a un mes. “Muchas inmobiliarias venían cobrando al menos el doble de lo legal, y así les robaron a los inquilinos más de $ 4.000 millones en cuatro años. Con su resolución, ahora Cucicba pretende justificar la estafa, pero no tiene facultades para cambiar una ley de la Ciudad”, planteó Fernando Muñoz, coordinador del área de Inquilinos de la Defensoría del Pueblo porteña. Asimismo, en la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia aseguraron que sólo la Justicia o la Legislatura podrían cambiar el régimen. “Se intenta convalidar una práctica ilegal y abusiva, obviando los topes fijados por ley, y esto resulta especialmente alarmante en el actual contexto de incremento del porcentaje de población que alquila en la Ciudad”, advirtieron. Lo que responden los inmobiliarios es que el techo de un mes de la norma porteña no lo eliminaron ellos, sino que quedó anulado por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que dice en su artículo 1.255 que “las leyes arancelarias no pueden cercenar la facultad de las partes de determinar el precio de las obras o de los servicios”. “La ley nacional priorizó la libertad contractual y eso se impone a la norma local. Quizás alguien podrá interpretar lo contrario y plantearlo ante la Justicia. Mientras tanto, entendemos que no habrá abuso alguno por parte de las inmobiliarias que pacten libremente sus honorarios”, concluyó D’Odorico. Los críticos, sin embargo, oponen que el Código Civil no anula la ley local y que el artículo citado no es específico para el “corretaje inmobiliario”. “En todo caso, la ley nacional 24.240 fija que, en caso de duda, la interpretación siempre debe ser favorable al más débil, que en este caso es el inquilino”, opinó Jorge Surin, abogado especialista en Defensa al Consumidor. Al final, lo que todos esperan que sea un juez quien lo defina. En distintos sectores, de hecho, ya preparan presentaciones judiciales contra lo dispuesto por el Colegio. La Defensoría del Pueblo porteña, además, trabaja en un proyecto de ley para regular el mercado, ratificando la comisión del 4,15% y convocará en los próximos días a todas las partes a una mesa de diálogo. Mientras, los inquilinos no tendrán más opción que pagar las comisiones que puedan negociar. Porque en la Ciudad, por ley, el ente encargado de sancionar a las inmobiliarias por comisiones excesivas es Cucicba, que acaba de avalar la suba. Aún así, se puede ir a la Defensoría o a Defensa al Consumidor (ver aparte). La liberación de comisiones llega en momentos en que los alquileres subieron 36,2% en el último año, según el gobierno porteño. En la Ciudad, los hogares alquilados se multiplicaron en la última década y ya son un tercio del total.
Alquileres: las inmobiliarias no tendrán límites para cobrar comisiones
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