En un contexto donde la corrupción y la crueldad se entrelazan, el gobierno nacional parece haber decidido tratar a las personas con discapacidad como adversarios. Tras ahogar el presupuesto destinado a prestaciones y desatender la Ley de Emergencia en Discapacidad, ahora se destapa un intrincado entramado de irregularidades que evidencia un grave problema institucional.

Investigaciones Judiciales Revelan una Red delictiva

Las investigaciones judiciales recientes, que se sustentan en un vasto acopio de pruebas, han expuesto la existencia de una organización delictiva que ha afectado a la administración pública y a la población con discapacidad, especialmente a aquellos que dependen de pensiones no contributivas. Se estima que se han movido más de 30 mil millones de pesos en licitaciones fraudulentas.

Emergencia en Discapacidad: Un Sistema en Crisis

Desde diciembre de 2023, muchas familias de personas con discapacidad viven en un estado de emergencia. En este marco, los organismos responsables han permitido prácticas insostenibles, como el escaso salario de una persona con discapacidad que trabaja en un taller protegido: solo 28.000 pesos mensuales por su labor.

Un Transporte Deficiente y Costoso

La situación se agrava además con la problemática de los costos de transporte. Un transportista de personas con discapacidad, por ejemplo, cobraba 541 pesos por kilómetro de combustible, cuando el precio real superaba los 1.300 pesos. Esto resulta en un acceso muy limitado a los tratamientos necesarios para muchas personas.

Un Breve Repaso de la Ley de Emergencia en Discapacidad

Aunque la Ley de Emergencia en Discapacidad fue aprobada por el Congreso, su implementación aún está en duda. El gobierno la promulgó, pero posteriormente decidió suspenderla mediante un decreto. Esta ley, que prioriza los recursos para el sector, no debería incrementar el gasto público, sino exigir una reasignación de partidas desde áreas menos esenciales.

Demandas Urgentes para el Gobierno

Es imperativo que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el gobierno nacional activen la Ley de Emergencia en Discapacidad de inmediato. Además, es fundamental explicar a la sociedad cómo se han permitido tales irregularidades en un organismo que debería proteger a las personas más vulnerables. La necesidad de respuestas claras y acciones concretas es urgida por sectores de la población que no pueden seguir siendo maltratados.