La iniciativa fue debatida en un plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto de la Cámara baja, que presiden los macristas Pablo Tonelli y Luciano Laspina, y fue respaldado por la mayoría de los bloques parlamentarios aunque con algunos planteos de disidencias. Se trata de una deuda que tenía el Congreso Nacional desde que se incorporó este derecho a la Constitución Nacional, ya que había obtenido dictamen en ambas cámaras en diferentes períodos pero nunca llegó a ser debatida en el recinto. El proyecto crea una Agencia de Información Pública autónoma como autoridad de aplicación, integrada por representantes de todas las áreas del Estado, que serán designadas por el Ejecutivo previo concurso de oposición y antecedentes, y con posibilidad de remoción. La iniciativa fue presentada la semana pasada por el secretario de Asuntos Legislativos del ministerio del Interior, Adrián Pérez, y el martes pasado recibió la opinión de representantes de organizaciones no gubernamentales, que pidieron realizarle algunas modificaciones. El texto propone que toda solicitud de información pública sea resuelta en un plazo máximo de 15 días y contempla sanciones al funcionario que obstruya el proceso. Establece como características principales el principio de legitimación amplia, ya que plantea que cualquier persona tiene derecho a solicitar y recibir del Estado información «completa, adecuada, oportuna y veraz». El Estado tendrá la posibilidad de prorrogar el plazo por 15 días más una sola vez y, en caso de no recibir respuesta en tiempo y forma, el solicitante podrá reclamar por vía administrativa o judicial. Durante el plenario, la diputada del Frente Renovador Graciela Camaño anticipó su respaldo al texto, y reconoció que «si no tenemos ley hasta ahora es porque estamos impidiendo que la haya». Por su parte, desde el Frente para la Victoria, Diana Conti, ex titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, recordó que la iniciativa «ha recorrido un largo camino» y, si bien anticipó que el bloque acompañará la iniciativa, planteó algunas disidencias. Por la Coalición Cívica, Fernando Sánchez destacó el consenso alcanzado y y puso de relieve que se trata de «una ley necesaria, más allá de las disidencias que podamos tener», a la vez que remarcó: «Esta iniciativa es mucho más amplia que todos los textos que se tomaron como base». El Bloque Justicialista, a través de Pablo Kosiner, dijo también estar de acuerdo en general aunque planteó algunas cuestiones técnicas para incorporar al texto. Entre otras cuestiones, la iniciativa busca garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública, ya que establece que toda la información en poder, custodia o bajo control del sujeto obligado debe ser accesible para todas las personas. La ley regirá para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio Público Fiscal, organismos centralizados, descentralizados, empresas, sociedades estatales y cualquier entidad privada que reciba subsidios o aportes del Estado Nacional.
Obtuvo dictamen el proyecto de acceso a la información
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