No debemos atacar las consecuencias de los despidos sin atender sus causas

Hay que saber diferenciar muy bien lo importante de lo urgente. Hoy por hoy, hay miles de trabajadores que perdieron sus empleos en la Argentina, tanto en el sector público como en el privado, y reconocemos que atacar las consecuencias de esos despidos es muy importante. Sin embargo, lo urgente es legislar para evitar que esas sangrías se sigan produciendo, pero con normas reales que beneficien a todos los sectores, y sin tratar de emparchar la realidad, algo que nos haría caer, inevitablemente, en resultados no deseados, que serían aún más perjudiciales que el objetivo perseguido. Actualmente, hay dos proyectos de ley para declarar una emergencia laboral que se encuentran en análisis de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación. Uno propone prohibir los despidos por 180 días y la doble indemnización, y en el otro se plantea la prohibición por un año y un resarcimiento que sea dos veces y medio el que correspondería normalmente. En ambos casos, se persigue claramente lo importante, que es, sin dudas, tratar de frenar los despidos en esos plazos y, en caso de producirse, ampliar la compensación económica para los trabajadores despedidos. Sin embargo, entiendo que prohibir o encarecer arbitrariamente las cesantías fomentaría que los empleadores eviten preventivamente la contratación de nuevo personal, el reemplazo de los que renuncien o se jubilen, y amplíen la precarización de las condiciones laborales y salariales. De esta manera, el escenario laboral quedaría inmerso en un circulo vicioso de difícil escapatoria y lo que ya era un problema, se convertiría en dos. En ese marco, casi como una ilusión óptica, serían parciamente beneficiados quienes tienen empleo, pero serían notablemente perjudicados quienes ya estaban desempleados o quienes buscan insertarse por primera vez en el mercado. Cuando hablamos de parciales beneficios para los trabajadores que aún mantienen su trabajo lo digo porque, a futuro, la situación no sería menos compleja dado que nada garantiza que, en seis meses o en un año, muchos de esos empleados no sean cesanteados y que, para ese entonces, acceder al empleo aparezca casi como una utopía. Además, otra consecuencia inevitable sería la precarización de los salarios porque cuando las empresas deben acolchonar sumas importantes para eventuales despidos, inevitablemente buscan reducir el nivel real de los sueldos para evitar que sus costos laborales no les impidan competir. También debería preocuparnos el crecimiento del trabajo no registrado, que hoy sufre el 40 % de la población laboral activa de nuestro país y que también se vería favorecido por los planes antidespidos. En ese marco, impulsaré un proyecto basado en una Ley «alternativa no sancionatoria», que buscará la continuidad de la emergencia ocupacional hasta el 30 de junio de 2018 y que gira en torno a posibles alicientes impositivos para aquellas empresas, particularmente las pymes, que mantengan o incrementen su dotación de personal en relación a noviembre del año pasado». La idea es trabajar sobre una iniciativa superadora alejada de las meras sanciones, para evitar que las empresas busquen esquivar los resortes legales que impondrían las regulaciones antidespidos y decidan no tomar empleo y profundizar el trabajo en negro. Sin embargo, el texto prevé también que, en el caso de las grandes empresas, deberían solicitar durante los próximos dos años la aprobación del Ministerio de Trabajo de la Nación para despedir sin justa causa. El proyecto sostiene que quien incremente personal podrá descontar un Salario Mínimo, Vital y Móvil adicional por cada trabajador nuevo y si ese empleado es de 18 a 25 años o mayor de 45 años, se descontaría un SMVM y medio y también propone la creación de un registro de elegibilidad para que las pymes accedan a beneficios tales como aplicar saldos de libre disponibilidad con la AFIP contra obligaciones previsionales, priorizar a esos pequeños productores en la adjudica