Este 3 de junio nos encuentra con nuevos entramados y un compromiso contra la violencia machista dispuesto a sostenerse en el tiempo. Esta vez la propuesta a movilizar no partió de un grupo cerrado sino que buscamos heterogeneidad, transversalidad y hacer pie en lo que nos une. Para eso se armaron reuniones abiertas para organizar las actividades con activistas, artistas, colectivos sociales, políticos, de sindicatos. El 3 de junio de este año será colectivo o no será. Por todo el país cientos de organizaciones tejen juntas esta fecha de duelo colectivo porque no deja de causar horror la violencia cotidiana sobre los cuerpos femeninos, desde el femicidio de Micaela Ortega y el travesticidio de Diana Sacayán hasta el encarcelamiento de Belén. En esta voz común, diversa, en los cuerpos reunidos y dispuestos a caminar juntos también se ven formas del cuidado colectivo; miles y miles nos sostenemos juntas para un gran acto de resistencia a lo que nos mata, humilla y quiere víctimas. El 25 de mayo pasó algo llamativo y conmovedor, miles contaron en primera persona su propio encuentro con la violencia macha. Este sacar del closet, esta micropolítica tan efectiva frente a los discursos que relativizan la violencia a la que estamos expuestas, hace que el 3 digamos también Vivas nos queremos: vivas y autónomas, vivas y con derechos, vivas y libres de violencia. Debemos volver a pensar la violencia machista y la respuesta estatal que recibe. Pensemos en términos de femicidio y no de «casos» porque el primer término obliga a abordar un problema público de violencia y atender su complejidad en las políticas públicas, y el segundo provoca una efectista e inútil respuesta punitiva como si los hechos fueran inconexos entre sí. Un Estado que solo atiende en la emergencia es un Estado ineficiente. A un año de la primera movilización aún no conocemos el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia contra Mujeres. En el último mes, por poner un plazo arbitrario, trascendieron fallos del Poder Judicial que son ejemplo de machismo explícito. Los jueces Luis María Rizzi, Javier Anzoátegui y Marcela Rodríguez consideraron que una adolescente de 15 años, violada en varias oportunidades en realidad dio su consentimiento aunque se haya resistido cada vez; el victimario también violaba a la hermana menor, de 13. En el caso de Belén, llegó al hospital con dolor de panza y tuvo un aborto espontáneo según indica su historia clínica; ella no sabía que estaba embarazada. Sin embargo los jueces Dante Ibáñez, Néstor Rafael Macoritto y Fabián Adolfo Fradejas la condenaron a 8 años de prisión por homicidio en lo que cada día se manifiesta más como una causa armada. Belén está presa por ser una mujer pobre. Los fiscales y jueces siguen mostrando su resistencia a abordar las investigaciones con una perspectiva de género: su formación en esa línea debe ser obligatoria, no una opción. Si nos guiáramos por los datos de 2013 y 2014 de la justicia de la provincia de Buenos Aires llegaríamos a la ridícula afirmación de que no hubo femicidios en territorio bonaerense. ¿Por qué esto? Porque en esos años primó la negativa a caratular los femicidios como lo dispone el Código Penal (art. 80, inciso 11) para los homicidios cuando «mediare violencia de género». Esto no hace más que invisibilizar estas violencias en un pliegue desgraciado y cómplice. Muchas de las ahora víctimas fueron antes denunciantes y reclamamos el patrocinio jurídico gratuito para todas. La ley se votó y no está reglamentada. Razones para encontrarnos en la calle sobran. Hasta mañana. (*) Integrante del colectivo Ni Una Menos. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad de Cuyo.
Volvemos a las calles
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