Mas de la mitad de los despedidos del Estado no cumplía ninguna función

«Personas que cobraban un sueldo y no iban a trabajar», «militancia soportada por el Estado» y «duplicación de tareas». Ésos fueron las tres causales con las que el Gobierno justificó este año la desvinculación de 10.662 empleados públicos en 23 ministerios y dependencias estatales. La etapa de rescisión de los contratos ya terminó en todos los organismos y ahora se pasará a un proceso de «jerarquización del empleo público», señalaron fuentes oficiales. De una revisión preliminar del Gobierno en las áreas de recursos humanos de las dependencias estales surgió que unas 5300 personas (49,7% del total) no asistían a su lugar de trabajo o no cumplían su función. Se trataría, así, de lo que comúnmente se denomina «noquis». El punteo de casos abarca solamente una parte de todo el universo de despedidos, pero es ilustrativo de los criterios que fueron tenidos en cuenta por la gestión de Mauricio Macri a la hora de determinar las desvinculaciones, que representaron un 5% del total de la administración nacional. Se estima que el ahorro en gasto público por las bajas ascenderá a unos 2800 millones de pesos para fin de año. El Gobierno, no obstante, tuvo que dar marcha atrás con algunos despidos. En principio, las desvinculaciones eran 10.921, pero el Poder Ejecutivo reincorporó a 259 personas tras una revisión de sus casos. Esos empleados lograron que se reconociera que habían sido apartados sin justificación y volvieron a sus puestos. En el Ministerio de Cultura fueron reincorporadas 200 personas, mientras que en la Biblioteca Nacional volvieron a su cargo 22 empleados; en el Indec, 20; en el Inadi, 13, y en Fabricaciones Militares, otros cuatro. Dentro del grupo que según el Gobierno percibían un sueldo y no se presentaban en su lugar de trabajo se pueden contabilizar, al menos, 2060 despidos. En este apartado fueron ubicados 30 trabajadores del Indec «que en los sistemas de presencia registraban un promedio de dos horas por día». Otro de los ejemplos fue en la cartera de Justicia, donde se contabilizó que había 50 personas que vivían en otras provincias y nunca habían «fichado» en el ministerio. En la Secretaría de Comercio, en tanto, la gestión de Miguel Braun desvinculó a 130 personas que habían sido contratadas por Guillermo Moreno aunque «no desempeñaban tareas específicas». Un número similar de supuestos «ñoquis» fue despedido de la entidad Binacional Yacyretá. El caso más elocuente fue el que se registró en el Senado. La nueva gestión contabilizó que 2000 personas fueron pasadas a planta permanente por Amado Boudou en 2015 sin aparente justificación. «No existe espacio físico ni para 1000 personas en la Cámara alta», señaló el memo. Gabriela Michetti, en un primer momento, ordenó 2035 rescisiones, pero luego 615 casos debieron ser reconsiderados, por lo que se registró un saldo de 1420 bajas. Entre ellas, el caso de una persona que había sido contratada con una identidad falsa (tras haber robado y adulterado un DNI) y otro empleado que vivía en Australia. En un segundo apartado, el informe puntualizó cuatro ejemplos de «militancia soportada por el Estado», que sumaron al menos 1600 despidos. En el Instituto Malbrán fueron desvinculadas 200 agentes públicos que, para el Gobierno, sólo «militaban en movimientos sociales». En el mismo grupo fueron catalogados los 600 contratos no renovados en el Centro Cultural Kirchner, a pesar de que muchos de los despedidos hicieron marchas con la consigna «No somos ñoquis» y reclamaron que sus CV fueran evaluados. Con el rótulo de tarea política sin funciones específicas también figuró el de la Biblioteca Nacional, donde -según la gestión actual- Horacio González tenía contratadas a 240 personas únicamente para «realizar tareas de militancia política de la anterior gestión». En el Hospital Posadas, en tanto, se consideró que había 644 personas que «no eran profesionales de la salud ni tenían tareas asignadas». Como tercer causal de despido, en tanto, se consideró la «duplicación o ausencia de