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Imputaron a la hermana María Isabel, Madre Superiora del convento denunciado por torturas
El fiscal federal Federico Uriburu decidió imputar a la madre superiora del covento de monjas de las Carmelitas Descalzas de la localidad entrerriana de Nogoyá, donde se investiga el delito de privación ilegítima de la libertad, reducción a la servidumbre y torturas.
El fiscal notificó ayer por la tarde la imputación. Según informaron voceros judiciales, la hermana «María Isabel» será indagada el próximo miércoles.
La monja hace diez años es la encargada del convento e ingresó en 1991 al lugar.
Tras la medida judicial y por decisión del Arzobispado de Paraná, la superiora nombró como sus abogados defensores a Guillermo Vartorelli y Miguel Angel Cullen, ambos paranaenses.
La imputación se realizó por el delito de «privación ilegítima de la libertad»en dos hechos, en referencia a las dos ex hermanas carmelitas que declararon, una que estuvo más de 10 años como interna del convento, y otra que permaneció 25 años.
Las monjas dieron detalles sobre «la forma de vida dentro» del convento y «ciertas actitudes de superiores», en tanto que confirmaron el uso de cilicios y flagelos.
Sin embargo, las monjas que aún permanecen dentro de la institución decidieron filmar un video en el que desmienten las acusaciones de tortura.
Uriburu tomó la decisión de imputar a la madre superiora junto a la procuradora general adjunta del Superior Tribunal de Justicia, Cecilia Goyeneche, y al fiscal coordinador de la jurisdicción, Dardo Tórtul, luego de analizar «todas las pruebas y declaraciones tomadas y los elementos secuestrados como cilicios, mordazas y látigos», dijeron fuentes de la fiscalía a la agencia Télam.
Las fuentes informaron que el delito que se le imputa a la superiora establece «una pena de prisión de dos a seis años»; además, estudian imputarle «la aplicación de tormentos y torturas, y la reducción a la servidumbre».
El pasado jueves 25 de agosto, en el Monasterio de Carmelitas Descalzas, ubicado en calle Illia 918 de Nogoyá, se realizó un allanamiento en el que autoridades judiciales y efectivos policiales encontraron instrumentos de castigo y autoflagelación.
El operativo fue motivado por una investigación periodística de la revista local Análisis Digital por supuestos casos de torturas, revelación que llevó casi dos años.
Al intentar ingresar las autoridades, la superiora del lugar «resistió el ingreso de los funcionarios judiciales y policías que tras unos minutos lograron forzar la puerta».
Al ingresar, «no hubo necesidad de revisar cada cuarto porque se aportaron en forma voluntaria una cantidad de cilicios y látigos, pequeñas fustas de unos 40 centímetros», detalló Uriburu.
