La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, buscará impulsar un agresivo paquete de leyes para bajar algunos tributos (Impuestos Brutos y Sellos), subir otros -revalúo fiscal-, derogar exenciones y finalmente cumplir con una de las mayores promesas de campaña: el «violento ajuste» de la política. Como un espejo de lo que se discute a nivel nacional, se presentará un combo de proyectos de ley de Presupuesto 2018, Reforma Impositiva con un costo fiscal de $10.000 millones y una Ley de Responsabilidad Fiscal, con dos iniciativas claves: eliminar cargos políticos por $500 millones y un recorte de $2.500 millones en la legislatura bonaerense, para demostrar que ambos poderes pueden ajustarse el cinturón del gasto público. «Por primera vez, en 2018 va a bajar el déficit fiscal de la provincia», aseguró Hernán Lacunza, ministro de Hacienda bonaerense, en diálogo con Infobae en una presentación a periodistas junto al jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai. Detrás de cada número, los funcionarios buscaron dejar en claro cómo compensan impuestos, cómo bajarán el gasto público y por qué le ponen fin a privilegios dentro del territorio donde viven 17 millones de bonaerenses. Los siete principales lineamientos Ingresos Brutos: el objetivo es que la presión tributaria baje del 5,8% al 5,5% del PBI geográfico. El primer paso es bajar uno de los gravámenes más distorsivos, y los cambios dependen del sector de la economía o de la facturación de las empresas. Para las industrias, la alícuota baja del 1,75% al 1,5%, y aquellas empresas que facturan hasta $78 millones por año no pagarán este impuesto. Para la construcción, el proyecto dispone baja del 4 al 3%, y para los comercios se mantiene, aunque baja de 3,5% a 2,5% para las pymes que facturan hasta $2 millones por año. En el caso del agro, los que facturan hasta $3 millones quedarán exentas. Extraña jurisdicción y Sellos: Salvai y Lacunza se miran buscando una respuesta cuando se le pregunta el origen de Ingresos Brutos a «extraña jurisdicción». «Se elimina para todo», anticipó Salvia. Esto quiere decir que dejan de existir las diferencias en tasas para las empresas que no tengan domicilios en la provincia o productos industriales que vienen de otras provincias. En segundo lugar, el impuesto de Sellos baja del 3,6% al 2%. Este gravamen está presente en el registro y compra-venta de inmuebles. Revalúo fiscal (impuesto inmobiliario): aumentará tanto para las propiedades urbanas como para las rurales. Las actualizaciones tienen un tope promedio de 56% y la máxima es del 75 por ciento. «El aumento será de $40 por mes para una de cada dos propiedades», adhirió Salvai. El tope homogénero para las propidades rurales es del 50% de suba en el revalúo, y el aumento máximo será de $61 mensuales para la mitad de los campos. «Se exime a los campos de hasta 5o hectáreas y a los inundados o con algún tipo de afección», considera Lazunca. Lacunza agrega que hoy se paga $11 el metro cuadrado de tierra. «Se recauda más por impuestos a vehículos que a los inmuebles». Tope de gastos a municipios: dentro de la Ley de Responsabilidad Fiscal, se quiere evitar el gasto de personal creciente asociados a ciclos electorales. Para ello habrá reglas. El gasto corriente debe crece como máximo al nivel de la inflación, y el empleo público al ritmo de la población. «Si el municipio se adhiere, podrá endeudarse y pedir asistencia financiera si necesitan. Sino no», advierten. Adiós a algunas exenciones: el sistema impositivo de la Provincia generó situaciones insólitas. Los gremios y partidos políticos no pagan impuesto inmobiliario. Mutuales financieras y de seguros que no abonan Ingresos Brutos. Partidos políticos y agrupaciones municipales con autos a su nombre que no pagaban, por ejemplo, patente. Esos privilegios se terminan porque «hay que nivelar la chancha», dice Salvai. Menos presupuesto para la Legislatura: en la primera reunión, los diputados y senadores propusieron ajustarse el cint
María Eugenia Vidal quiere bajar Ingresos Brutos
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