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La Cámara Federal porteña confirmó hoy el procesamiento sin prisión preventiva de los tres hijos del dirigente Luis D’Elía por haber sido nombrados en la Anses sin tener título secundario y ordenó investigar si hubo responsabilidad por parte del ex titular del organismo, Diego Bossio, y del ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada.
La decisión fue de la sala I del Tribunal de Apelaciones, que dio por probado que «al momento del ingreso de Pablo, Facundo y Luis Ignacio D’Elía al organismo» ninguno contaba con «título de educación secundaria» que requería la normativa, según la resolución a la que accedió Télam.
Pablo ingresó el 3 de marzo de 2008; Facundo, el 6 de marzo de ese año; y Luis, el 9 de junio de 2011.
Los camaristas Leopoldo Bruglia y Martin Irurzun remarcaron que tanto al nombrarse a Pablo como jefe de UDAI en Virrey del Pino el 23 de octubre de 2009 como a la fecha de la firma de los contratos de sus hermanos, «no contaban con el título de educación secundaria requerido por la normativa».
«Tampoco se observan constancias que dieran cuenta de antecedentes laborales, conocimientos o competencias relevantes a los fines de habilitar tal dispensa», agregaron.
Los hijos de D’Elía «aceptaron sus cargos en la Anses, pese a que no reunían los requisitos legalmente exigidos para acceder a esa función pública, al no contar aquellos con un título de educación secundaria exigido».
«Tomando bajo consideración lo expresado por el fiscal en su requerimiento, corresponderá tomar las medidas necesarias a los fines de dilucidar la posible responsabilidad en la que podrían haber incurrido el Dr. Carlos Tomada y el licenciado Diego Bossio, en virtud de su participación en los hechos bajo estudio», concluyeron los camaristas.
También se confirmó el procesamiento de los ex funcionarios de Anses Julio César Casavelos y Paula Torres por suscribir «tales nombramientos con conocimientos de que los antes nombrados no cumplían con los requisitos exigidos para los cargos».
Los hijos de D’Elía quedaron procesados por infracción al artículo 253 segundo párrafo del Código Penal, que castiga con una pena de pago de una multa de hasta 12.500 pesos e inhabilitación especial de seis meses a dos años para la aceptación de un cargo público sin cumplir requisitos legales
