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Cuba empezó a debatir el proyecto de nueva Constitución, que permitirá la generación de riqueza a través de una actividad privada reglamentada por un sistema socialista, que ya no tendrá a la «sociedad comunista» como fin.
«¿Ha cambiado el modelo socialista cubano? No ha cambiado en sus principios. Los conceptos fundamentales de nuestro socialismo están ahí (…) El papel del Partido Comunista, de la economía estatal, de la propiedad socialista, está incólume. Pero sí se necesita hacer una transformación«, dijo Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado, al exponer ante la Asamblea Nacional los cambios propuestos.
La Constitución de 1976, que será reformada, habla en su artículo 5 que el gobernante y único Partido Comunista de Cuba (PCC) «organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista».
Sin embargo, en este nuevo proyecto, la parte referida a «sociedad comunista» será retirada, detalló el períodico oficialista Granma.
«Claro que tenemos que hacer ajustes. Y ese es el resultado de este proyecto, porque la sociedad ha cambiado y la economía ha cambiado y eso tiene que tener un reflejo en la constitución», agregó Acosta, quien escoltaba en el debate al presidente cubano Miguel Díaz-Canel.
El proyecto de nueva Constitución será debatido y votado entre este sábado y el lunes; luego se lo someterá a referendo nacional para su aprobación final. La normativa reconoce al mercado, a la propiedad privada y a la inversión extranjera como parte de la economía del país, en vías de reforma hace casi una década.
Las reformas económicas, que el expresidente Raúl Castro inició en 2008, tienen como meta alcanzar un modelo de país «independiente, soberano, socialista, democrático, próspero y sostenible», según los lineamientos.
Actualmente, el trabajo privado, que en Cuba se conoce como «por cuenta propia», representa a 591.000 personas y al 13% de la economía del país. De estos, más de 100.000 están contratados por emprendedores privados.
«No se puede desconocer el papel del mercado (…) La propiedad privada, como resultado de los ajustes de nuestro modelo económico y social, existe», y puede dar paso al reconocimiento legal de la pequeña y mediana empresa.
Todo ello, sin renunciar a la «capacidad regulatoria de dirección y control del Estado», detalló Acosta, quien admitió que esta inversión dará paso a la generación de riqueza.
«No es la riqueza, que se vincula a la prosperidad, lo que hay que limitar, sino la concentración (de riqueza)», consideró. Por ello, las nuevas leyes permitirán a los ciudadanos tener como máximo una sola licencia para abrir un negocio.
Además el proyecto busca allanar legalmente el camino para el matrimonio entre personas del mismo sexo, una importante demanda de la comunidad LGBT en la isla socialista.
En su artículo 68, el proyecto define el matrimonio como la unión concertada «entre dos personas (…) y no dice de qué sexo«, explicó en el plenario de la Asamblea Nacional el abogado Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado.
De este modo, modificaría a la actual Carta Magna, que data de 1976 y limita el matrimonio a «la unión voluntaria concertada de un hombre y una mujer con aptitud legal para ello».
«Es un acto de justicia que refuerza esos principios de humanismo, de equidad, y (que busca) evitar esa discriminación que por distintas razones y durante tiempo se ha padecido», añadió Acosta y subrayó que la nueva «Constitución no podía eludir este asunto».
Sin embargo, el funcionario dejó claro que el cambio de concepto no supone automáticamente la legalización «del matrimonio igualitario», asunto que «requiere un desarrollo legislativo posterior» para que «en el futuro eso se pueda incorporar».
