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Tras la polémica que generó el fallo de la jueza Patricia Guichandut, la magistrada se defendió la resolución de liberar al motochorro colombiano, desmintió haber intervenido en el caso del delincuente uruguayo a través de un comunicado y calificó como «falsa» la información que circula en los medios.
La titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 62 fue duramente cuestionada al sere acusada de liberar a motochorros extranjeros. Uno de ellos, colombiano, fue excarcelado a cambio del pago de 700 pesos.
En tanto, la magsitrada aclaró que en los informes del caso del motochorro colombiano Jair Jurado Mora de 25 años no surgió la existencia de antecendentes pensales ni procesos en trámite. Agregó que tampoco comunicaron al Tribunal sobre causas del extranjero en el exterior.
En cuanto a la suma pagada por el acusado, manifestó: «Como consecuencia de la suspensión de juicio a prueba, le impuse a Jurado Mora varias reglas de conducta entre las que se cuenta el pago de una suma dineraria en concepto de reparación del daño causado a la víctima, como lo señala la ley, en la medida de las posibilidades del nombrado».
En cuanto al caso del delincuente de nacional uruguaya de apellido Franco, de 36 años, manifestó: «No tuve ni tengo intervención alguna. Esto demuestra lo falaz de la información recogida y difundida de manera irresponsable».
Además, calificó como «falsa» la información que circula en los medios y en las redes sociales y sentenció: «Los jueces no somos legisladores, solo operadores del sistema».
