Descubren un circuito de comercio ilegal de cereales y evasión

La investigación, llevada a cabo por la Fiscalía Federal de Villa María a cargo de la Dra. Virginia Miguel Carmona, saca a la luz las maniobras de compra, venta y exportación de soja adquirida de manera ilegal, por la cual posteriormente se le exigía al fisco el reintegro de IVA, que nunca había aportado por ningún productor o comercializador. El informe publicado hoy por el diario Página/12, describe las pesquisas llevadas adelante por la Fiscalía Federal que, en colaboración con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), permitió descubrir una asociación ilícita conformada por productores agrarios, empresas apócrifas, acopiadores, empresas de corretaje y exportadores. A través de las cartas de porte, escuchas telefónicas y movimientos financieros, la justicia federal estableció que algunos productores vendían sus granos a empresas que presentaban como corredoras de cereales, que en su mayoría son consideradas por AFIP como apócrifas o insolventes, lo que le permite al productor evadir el pago del 10,5 por ciento de IVA. La fiscalía resalta el papel de los acopios, a quienes determina como actores claves en el circuito de venta ilegal y blanqueo twitter Posteriormente, esas «empresas fantasmas» comienzan el proceso de blanqueo del cereal, presentándose como corredores de granos y declarando la producción como propia, a pesar de que no pueden comprobar acopios o la propiedad de los campos. La fiscalía resalta el papel de los acopios, a quienes determina como actores claves en el circuito de venta ilegal y blanqueo, ya que estos son quienes poseen las cartas de porte y, hasta ahora, solo declaraban la cantidad de granos acopiados, sin tener que declarar el origen de los cereales u oleaginosas. Finalmente, la producción es vendida de manera legal a las empresas exportadoras, que le reclaman al fisco la devolución de 10,5 por ciento del IVA, que nunca fue pagado ya que la transacción inicial fue realizada de manera ilegal. La investigación aun en curso, está caratulada como «posible lavado de dinero» y, según los movimientos bancarios investigados implicó el movimiento de más de 1.700 millones de pesos.