La nueva citación a los policías encargados de su custodia el 18 de enero del 2015 y la expectativa por la nueva declaración que pueda brindar del ex jefe de los espía Antonio “Jaime” Stiuso cuando regrese al país muestran el nuevo sesgo de la pesquisa. Se asegura también que la decisión del nuevo jefe de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Gustavo Arribas, de relevar del secreto a todos los agentes apunta a facilitar la eventual citación de ex funcionarios de inteligencia que estuvieron en cargos sensibles durante el kirchnerismo. El celular de algunos de ellos aparecería en un entrecruzamiento de llamadas realizadas entre personal de inteligencia el día de la muerte de Nisman, sin que se sepa de qué hablaban en ese momento. El peritaje ya había sido ordenado por la fiscal Viviana Fein a la División Fraudes bancarios de la Policía Federal, quien lo recibió poco antes de ser desplazada de la conducción de la investigación. Una de las primeras medidas de la jueza tras retomar el control personal de la pesquisa fue pedirle a la Gendarmería informes adicionales sobre aquellos intercambios, para rastrear un “patrón anormal” que despierte sospechas, tal como buscaba la fiscal. El desplazamiento de Fein era lo que reclamaba desde hace meses la querellante Sandra Arroyo Salgado, jueza federal y ex esposa Nisman, como un paso hacia la derivación de la causa al fuero federal. Invocando su conocimiento de la personalidad de la víctima, la madre de las hijas de Nisman dio siempre por sentado que se trató de un crimen, algo que hasta ahora no ha podido probarse en el expediente. Los esfuerzos de Fein estuvieron centrados durante once meses en reunir constancias documentales a través de peritajes médicos, criminalísticos y tecnológicos, en los que pocas pruebas permiten suponer que hubo un asesinato y la mayoría sugiere en cambio una muerte autoinfligida, aunque hasta ahora sea un misterio su motivación. Cinco de los seis criminalistas que intervinieron en el expediente opinaron que Nisman se encontraba solo en su baño cuando una bala entró en su cráneo por el lado de su mano hábil, en línea con los resultados de la autopsia que realizaron los integrante del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema horas después del hallazgo. Los peritos de parte de la querella tampoco pudieron convencer a los designados por el juzgado, en su mayoría del gabinete científico de la Policía Federal, de que Nisman murió un día antes, en un horario coincidente al de la visita de su asistente en informática Diego Lagomarsino quien dijo haberle dejado el arma que fue hallada debajo del cadáver. Sara Garfunkel, madre del fiscal y primera en entrar en el departamento junto a los custodios volvió a certificar días atrás que la escena no fue alterada desde su ingreso. La justicia determinó que en el departamento tampoco se encontraron signos de violencia, de defensa o ADN de otras personas. Por ahora a través de los medios Arroyo Salgado aseguró que Nisman fue asesinado en una “zona liberada” en torno a la torre de Puerto Madero donde vivía y murió, lo que remitiría a una responsabilidad de los superiores políticos. La nueva encargada de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, pidió que se investigue a los custodios y más precisamente si fueron obligados por sus superiores a mentir en su primer testimonio en sede judicial. No es difícil percibir el aliento a la hipótesis de que el fiscal de la causa Amia fue asesinado en conexión con su denuncia de Cristina Fernández de Kirchner como encubridora del atentado a la mutual judía cometido trece años antes de su presidencia. Compatibilizar esa formulación con las constancias probatorias asentadas hasta acá en el expediente será la tarea judicial en los próximos meses, a menos que por alguna vía se logre anularlas o encontrar otras que las superen.
A un año de la muerte de Nisman buscan imprimir un giro a la investigación
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