Las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importaciones son uno de los instrumentos que el Gobierno ejerce para la administración del comercio, y cuyos detalles de implementación, estas semanas, son motivo de negociaciones con Estados Unidos, Japón y la Unión Europea tras el fallo favorable que obtuvieron ante la Organización Mundial de Comercio, a mediados de enero pasado. A pesar del compromiso que ratificó esta semana el secretario de Comercio, Augusto Costa, de cumplir con el fallo de la OMC, el Gobierno asevera que el instrumento está en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de Aduanas y como tal permite otorgar «perfecta previsibilidad» acerca de los requerimientos y disponibilidad de divisas. En ese sentido, el Gobierno destacó que en 2014 se cerraron 633 empresas con grandes empresas que representaron un monto de 52.500 millones de dólares en importaciones, sin contabilizar las compras de trenes, aviones y combustibles. A lo que se sumaron otros 3.086 acuerdos con pymes por 4.677 millones de dólares. En conjunto los acuerdos alcanzados en 2014 representaron casi el 90% de las compras externas del país y para este año la Secretaría de Comercio ya cerró más de 3.000 acuerdos para la operatoria de las empresas durante 2015. Estos acuerdos son los que permiten a lo largo del año la aprobación de las DJAI en un plazo de 48 horas, en caso de no tener observaciones de los organismos oficiales intervinientes como la Secretaría de Comercio, la AFIP o el Banco Central. Las DJAI volvieron a ser esta semana motivo de cuestionamiento por parte de la Comunidad Europea que observó las barreras al comercio internacional por parte de sus socios estratégicos, entre las que desarrolló siete casos procedentes de Rusia, seguida por China (6), India y Brasil (cuatro cada uno), y Argentina y Estados Unidos (tres cada uno). En ese sentido, el Gobierno destaca que a partir de la crisis internacional de 2008 de las 98 solicitudes de consultas iniciadas en la Organización Mundial de Comercio, 51 por ciento fueron de países desarrollados contra políticas implementadas por los países en desarrollo, y que justamente cuestionan las medidas orientadas a fomentar la producción. Los tres demandantes de la Argentina, Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, por el caso de las DJAI, suman casi la mitad del total de demandas en la historia de la OMC, ya que de 488 trámites 218 los tienen como destinatarios de las observaciones de terceros países. Es más, de los 13 casos cuyas resoluciones están pendientes de cumplimiento, ocho resultaron en contra de prácticas comerciales adoptadas por los Estados Unidos. A pesar de los cuestionamientos supuestamente proteccionistas formulados por países desarrollados, el Gobierno destaca que la Argentina en el período 2008-2014 incremento sus importaciones un 135 por ciento, mientras que en las economías centrales las compras externas cayeron un promedio del 10 por ciento en similar período. En esa misma línea se destaca en los despachos oficiales que mientras la Argentina el máximo arancel que aplica a cualquiera de los productos que ingresan al país es del 35 por ciento, en los países desarrollados se registran alícuotas de hasta el 131 por ciento en Estados Unidos para el caso de las frutas; del 450 por ciento para el arroz en Japón; del 117 por ciento para los ajos en la Unión Europea y del 343 y 314 por ciento para los lácteos en Noruega y Canadá, respectivamente. En el caso de los subsidios, otra herramienta utilizada por los gobierno centrales para defender a sus producciones, se menciona la política del ‘Farm Bill’ por la cual Estados Unidos subsidia a sus productores agropecuarios con un monto de alrededor de 488.000 millones de dólares para el período 2014-2018; o las que otorga la UE a través de la Política Agrícola Común, por 362.000 millones de euros hasta el 2020.
Acuerdos para acelerar trámites de DJAI
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