La presidenta Dilma Rousseff, según las expectativas, recibirá más de las mitad de los votos de los 81 senadores para ser suspendida de la jefatura del Estado, luego de 13 años de gobiernos del Partido de los Trabajadores, iniciados con Luiz Inácio Lula da Silva en 2003. Protestas callejeras e incendios ante el avance del juicio político contra Rousseff Será, si es que se dan las previsiones, la caída del proyecto desarrollista con inclusión social que marcó a fuego a un Brasil emergente como séptima economía mundial en el siglo XXI, en medio de una crisis gigantesca de corrupción, de falta de articulación política y de una recesión económica que ha devorado cinco millones de empleos en los últimos doce meses. Si la oposición logra destituir a Rousseff, será la caída del proyecto desarrollista con inclusión social que marcó a fuego a un Brasil emergente como séptima economía mundial en el siglo XXI La votación del juicio político se dio en medio de sorpresivos movimientos del presidente interino de la Cámara de Diputados, el conservador Waldir Maranhao, quien apoyó un pedido del gobierno y suspendió el lunes la sesión del impeachment, pero ante amenazas recibidas por sus colegas opositores retiró el dictamen. «Para hacer un impeachment hay que tener delito de responsabilidad. Me juzgan por haber realizado en el presupuesto las ‘pedaleadas fiscales’ que usan gobernadores y presidentes desde 1995 para cubrir los programas sociales. Entonces, como no hay delito, es un golpe, golpe frío como dicen en Alemania», resumió la propia Rousseff. El juicio político fue presentado por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que perdió las elecciones con Aecio Neves como candidato ante Dilma, reelecta por dos puntos de diferencia en octubre de 2014, y abierto por el comandante de la crisis, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB) del vicepresidente Temer y de Calheiros. El gobierno aparecía malherido, peleado con propios y extraños: Rousseff, a partir de su segundo mandato, desde el 1 de enero, aplicó un ajuste fiscal y nombró a Joaquim Levy, hombre del mercado financiero y del banco Bradesco, como ministro de Economía para atraer inversiones ante el fin del modelo de subsidios a la industria que había sido adoptado contra la ola de la crisis mundial. El juicio político fue presentado por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que perdió las elecciones con Aecio Neves como candidato ante Dilma Cunha, del PMDB, rompió la frágil alianza de su partido con el PT que permitió al binomio Rousseff-Temer victorias en 2010 y 2014, apenas fue electo presidente de la Cámara de Diputados y planteó una agenda conservadora a la cual abrazaron todos los partidos opositores. Al mismo tiempo, el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) vio en 2015 ir preso al tesorero Joao Vaccari, acusado de cobrar entre 1% y 3% de los sobreprecios de contratos de las empresas de ingeniería con Petrobras para abastecer campañas, un escándalo que impulsó a la clase media opositora a ganar las calles con un discurso contra la corrupción. Más tarde, aparecieron todos los partidos acusados de alguna forma de ser abastecidos por un modelo de financiación ilegal de la política producto de sobornos con la obra pública, pero el caso catapultó directamente a la condición de «héroe» (como es llamado en las manifestaciones opositoras) el juez federal Sérgio Moro, a cargo de la Operación Lava Jato. El gobierno de Rousseff no interfirió en las investigaciones, pese a que controla la Policía Federal, lo cual enfrentó al aparato político del PT y el PMDB con parte del Poder Ejecutivo, al ritmo de mayores denuncias y con los medios alineados al punto de vista de Moro y de la oposición. La inminencia de un posible gobierno de Temer contó este martes con piquetes en rutas y avenidas de 17 estados, con banderas de «Temer Golpista» Moro fue premiado como hombre del año por las Organizaci
Brasil se apresta a desplazar a Dilma y dar un giro a la centroderecha con Temer
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