Capitanich: La nueva ley de Inteligencia «salda una deuda»

El Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, afirmó que salda “una deuda con la democracia”, con la aprobación parlamentaria de la ley que crea la Agencia Federal de Inteligencia, que contó con 131 votos a favor y 71 en contra. Con esta ley que, como ha dicho la Presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) “se salda una deuda con la democracia”, recordó, en la habitual conferencia de prensa matutina en la Casa de Gobierno. La nueva ley promueve “la transparencia, la supervisión de los recursos, la perspectiva de generar la condición para que un organismo extra poder tenga a su cargo las escuchas telefónicas”, destacó el Jefe de Gabinete. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional fue convertido en ley esta madrugada por la Cámara de Diputados. Establece la reformulación del sistema de Inteligencia nacional, que apunta a delimitar las funciones de los agentes y establecer un mecanismo transparente de los fondos reservados. La ley sancionada disuelve la actual Secretaría de Inteligencia (SI) y crea la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) como organismo superior del Sistema de Inteligencia Nacional, que deberá quedar constituido en un plazo de 90 días. El director y subdirector general serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Aclara que «el cese de ambos funcionarios podrá ser dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional». Además dispone que se mantenga el personal así como los bienes de la actual Secretaría de Inteligencia a la Agencia Federal de Inteligencia, con excepción de la Dirección de Observaciones Judiciales (Ojota) que pasará a depender de la Procuración General de la Nación. La Procuración General tendrá la función de realizar escuchas telefónicas solo a pedido de un juez. Las modificaciones más importantes incorporadas al proyecto están relacionadas con la actividad que podrán realizar los agentes de la nueva AFI. En ese sentido, se establece la prohibición de que los agentes funcionen como auxiliares de la justicia, y solo podrán hacerlo «por pedido expreso del juez en una causa determinada». Otro punto es la reducción de 25 a 15 años del plazo para la desclasificación de información, que ahora será clasificada en tres categorías, como información pública, reservada y secreta.