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Tras un nuevo procesamiento a Amado Boudou, a dirigente de UNEN señaló que ante estas situaciones se está más cerca de un «juicio político» contra los funcionarios por poner en riesgo al gobierno democrático
La diputada nacional Elisa Carrió (Coalición Cívica) aseguró hoy que la presidenta Cristina Fernández «entró en la irracionalidad política definitiva al sostener a un delincuente» y la acusó de ser «socia» del vicepresidente, Amado Boudou, quien se encuentra procesado en dos causas judiciales.
La diputada opositora, en declaraciones a radio Mitre, agregó que hay que aguardar el avance de la investigación en la que se lo acusa a Boudou por el presunto «enriquecimiento ilícito» y adelantó que, si es procesado, el vicepresidente podrá ser sometido a juicio político por «atentado al orden democrático».
Carrió consideró que Cristina Fernández respalda a Boudou en la Vicepresidencia porque es «socia» y para justificar su denuncia planteó: «¿Si un legislador no puede cambiar una coma si Cristina no se lo permite se van a quedar con la Casa de la Moneda?».
«Es obvio que la Presidenta entró en la irracionalidad política definitiva en sostener a un delincuente, presidiendo la Nación cuando ella no está», remarcó.
Carrió no descartó el procesamiento de Boudou por el presunto enriquecimiento ilícito, que se sumaría a los que ya tiene en las causas por el rescate irregular de la ex Ciccone Calcográfica y por la falsificación de documentación de uno de sus vehículos.
«Esto es importante porque si se lo imputa de graves delitos dolosos, como en el caso de negociaciones incompatibles y toma de una empresa, más esta causa que es anterior, y estos delitos conllevan a enriquecimiento ilícito, estamos ante un caso de atentado al orden democrático, según el artículo 36 en la última parte de la Constitución Nacional», detalló.
Al respecto, la diputada aclaró que impulsar ahora el juicio político no tendría efectos porque el kirchnerismo podría volver a plantear el rechazo «in límine» del mismo.
«Hay que esperar el procesamiento por enriquecimiento ilícito, de modo tal que en ese caso estaríamos frente a un juicio político por atentado al orden democrático, que sería incluso mucho más grave que las causales que se invocan para pedir el juicio político», insistió
