El Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, denunció que existe una campaña deliberada para asociar la existencia de hechos delictivos en una confección inusitada de una tasa de seguridad inexistente y, en general, de transferir el problema a la presidenta de la República. Reitero cifras sobre los recursos que volcó el Estado en el área. Mencionó, entre otros, el incremento del número de agentes de 70 mil a 108.500, y destacó que frente a hechos delictivos hay una acción de gobierno no solo con el aumento sustancial del número de agentes, sino el incremento del presupuesto de 2.300 a casi $28 millones, -entre 2003-2014- como también el aumento de las partidas destinadas a helicópteros, municiones, armas, inteligencia criminal, cámaras de seguridad, un sistema de uso intensivo de la tecnología desde el punto de vista de la cobertura. También respecto al tema del narcotráfico destacó una acción en forma conjunta con el Ministerio de Defensa y la inversión en materia de radarización y recordó que cuando asumió el presidente Néstor Kirchner en 2003 había cuatro radares en el país, ahora hay 28. Mencionó además las responsabilidades que competen a las provincias, como las que corresponden a la Justicia. Al respecto indicó que “si no existe por parte de la Justicia, la acción no solamente en materia investigativa sino también de juzgamiento, de rapidez, eficacia y confiabilidad desde el punto de vista de los fallos y de la acción correspondiente para castigar a quienes cometen efectivamente delitos, entonces el esfuerzo que realizan las fuerzas de seguridad como auxiliares de la Justicia es incompleto”. Capitanich puso de relieve que el tema merece un debate, al tiempo que advirtió que “es muy fácil en la Argentina transferir las competencias o las responsabilidades a otros”. Sostuvo seguidamente que “muchos de los que pretenden ser candidatos presidenciales tienen en sus respectivos distritos problemas severos en esta materia. O cuando les tocó la oportunidad de gobernar fueron un desastre en materia de las políticas que han aplicado para combatir o prevenir delitos. Por lo tanto, pretenden desde una lógica dar lecciones que no supieron aplicar cuando tuvieron responsabilidad de gobierno”. “ Algunos –agregó- hablan de narcotráfico como si nunca han tenido responsabilidad para gobernar un distrito en donde sus propias fuerzas de seguridad han estado fuertemente asociadas a este delito, y si no fuera por la acción deliberada del gobierno nacional, que ha recurrido extraordinariamente a través de 3.000 agentes o a través de acciones deliberadas para combatir el narcotráfico en sus respectivos territorios, la verdad que este es un tema que no podría estar resuelto”. “Por lo tanto me parece que –dijo- es muy importante que el pueblo argentino sepa que si no hubiese existido una acción programada por parte del gobierno nacional, si no hubiese existido equipamiento, inteligencia, fuerzas de seguridad, recursos humanos calificados, muchos de los delitos no podrían ser esclarecidos”. “Pero –acotó- de nada vale el esfuerzo unilateral o individual de un poder del Estado si los otros poderes del Estado solamente hablan, porque esta es otra responsabilidad, en la Argentina hay una acción deliberada para echarle la culpa en todo al gobierno nacional, pero el Poder Judicial parece que solamente emite comunicados de prensa, opiniones, o dice cuestiones que parecieran no tener responsabilidad en lo que le compete. Entonces también siempre se ha hablado de la necesidad desde el punto de vista de normas de carácter penal o tipificación, la inflación de normas penales también ha demostrado incapacidad efectiva de resolver problemas si no hay una aplicación efectiva de las penas por parte del Poder Judicial”.
Cifras sobre recursos destinados a la seguridad
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