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lunes, noviembre 4, 2024
Confirman al juez Bonadio en la causa impulsada por Nisman

Confirman al juez Bonadio en la causa impulsada por Nisman

La Sala II de la Cámara Federal rechazó hoy un pedido de recusación contra el juez federal Claudio Bonadio en la causa que investiga el presunto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA y por la que este jueves prestó declaración indagatoria la expresidenta Cristina Kirchner. Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah desestimaron el planteo de otro acusado en este expediente, el dirigente Luis D ´Elía, quien había intentado apartar al magistrado por «enemistad manifiesta», lo fue considerado «improcedente». De hecho, los camaristas remarcaron que no puede darse por «acreditada» con «corroboración objetiva» la acusación contra Bonadio, puesto que la argumentación de D´Elía «se refiere a manifestaciones del dirigente sobre notas periodísticas o sobre el devenir de expedientes judiciales» y «al modo en que ejerció su actividad funcional». «Se carece de elementos que otorguen prueba de la situación que describe la ley, atento a sus especiales requisitos. También, de indicios que den sustento a un temor objetivo de parcialidad respecto de la actuación del instructor», advirtió el fallo y agregó que «no basta con revelar disconformidad con el curso otorgado al enjuiciamiento y las decisiones que puedan adoptarse, a falta de demostraciones independientes que sugieran motivaciones diferentes a las impuestas por las normas». Tras la presentación de la expresidenta y sus dichos ante el juez, Bonadio cuenta con diez días para resolver la situación procesal de Cristina Kirchner y demás implicados, como el excanciller Héctor Timerman, el dirigente D´Elía, el diputado Andrés Larroque, el extitular de Quebracho Fernando Esteche, el espía Allan Bogado, la exprocuradora del Tesoro Angelina Abbona, y el representante de la comunidad iraní Jorge Khalil, entre otros. El magistrado busca determinar si, tal como lo denunció el fiscal Alberto Nisman antes de morir, hubo un plan delictivo llevado adelante por funcionarios del gobierno kirchnerista para permitir a los imputados iraníes eludir la investigación por el ataque terrorista ocurrido en 1994 a partir del acuerdo firmado entre su Gobierno y el régimen islámico de Mahmud Amedinejad.

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