Confirman sobreseímiento de Gómez Centurión en causa por «mafia de Aduana»

La Cámara Federal porteña respaldó el derecho a no revelar la fuente de información periodística, en un fallo donde confirmó el sobreseimiento del jefe de la Aduana, Juan Gómez Centurión, ante una denuncia por falso testimonio, violación de correspondencia, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y encubrimiento que hizo en su contra un acusado por contrabando. Gómez Centurión fue el primer funcionario del gobierno de Mauricio Macri en ser denunciado por su supuesta vinculación con un empresario detenido por una causa de una supuesta «mafia» en la Aduana. Para entonces, se había activado una investigación periodística y judicial sobre el empresario Miguel Paolantonio, quien terminó denunciado por contrabando e investigado por la llamada «mafia de los contenedores» en la justicia en lo Penal Económico, informaron hoy fuentes judiciales. En ese marco, Paolantonio denunció penalmente a Gómez Centurión: dijo que «determinadas circunstancias le permitirían suponer que el titular de la Dirección General de Aduanas» habría accedido a elementos obtenidos en forma ilícita (mails, ‘capturas de pantalla’, etc.), cuyos contenidos fueron acompañados a esa pesquisa por un periodista, Matías Longoni, que trabajaba para el diario «Clarín». Tanto el juez Marcelo Martínez De Giorgi como la Sala II de la Cámara Federal ahora entendieron que había inconsistencias en el relato de Paolantonio que echarían por tierra la acusación. Según el fallo, «en el marco de las causas contra la presunta banda delictiva conformada por los hermanos Paolantonio, declaró el autor de los artículos, Matías Longoni», y «refirió el cúmulo de información que había utilizado para la redacción de las notas, que sirvieron para guiar y confirmar los datos de sus investigaciones periodísticas, cuyos resultados plasmó». También «aportó copias de las decenas de documentos y copias que colectó, entre ellos algunas impresiones de intercambios de correos entre los supuestos involucrados en el contrabando y terceros». Pero «aclaró que la información que dio inicio a su tarea de procura de pruebas le fue ‘dirigida de manera espontánea por parte de una fuente cuya identificación no revelará amparándose en el derecho periodístico a no revelar la fuente, del cual hace uso'». «Es claro que la negativa de Longoni a revelar su fuente, afecta seriamente a la pretensión que desde un inicio planteó la querella, tanto en lo relativo a su hipótesis sobre el modo de obtención de las evidencias, como a cualquier posibilidad de procurar alguna vía de averiguación que tienda a conocer si alguien tuvo acceso previo a aquellas, además del periodista», dijo la Cámara. Los abogados de Paolantonio, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, aseguraron que «el derecho invocado -en razón de su profesión- implicaba un ‘pseudo escudo protector'». Pero la Cámara rechazó el planteo, en base a jurisprudencia de la Corte Suprema, y añadió: «Las críticas y propuestas del recurrente no conmueven la solución a que arribó el juez». «El Tribunal ha descartado que resulte constitucionalmente admisible transitar líneas de investigación que constituyan un camino para obtener elípticamente aquella información que, en el legítimo ejercicio de un derecho, el periodista se rehusó a aportar», se sostuvo. Según señaló, «de eso, en definitiva, se trataría lo sugerido por la parte» que impulsó la denuncia. «En lo demás, nada de lo que se invoca como pendiente tiene entidad para modificar las conclusiones derivadas del cuadro reunido, que echa por tierra las premisas (de tiempo, de modo y de contexto) de las que partió la hipótesis de Paolantonio y la posibilidad legal de dar curso a las propuestas que formuló en su apelación. Tal panorama impone confirmar el sobreseimiento dispuesto. Ello, cabe decir por el tenor de algunos argumentos de la apelación, sin perjuicio de lo que pueda definirse en la sede que interviene en otras causas», se añadió.