Congelan la contratación de empleados públicos

La obsesión por reducir el gasto público que manifestó Mauricio Macri en los últimos días ya toca a los empleados del Estado: por orden del Presidente, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, les prohibió a los organismos que componen el Poder Ejecutivo sumar este año personal por encima de la cantidad que tenían hasta el último día de 2016. Las reparticiones que quieran hacerlo deberán iniciar un enrevesado camino burocrático para conseguir la autorización de Peña.

Los límites a la contratación de personal se aplicarán de manera directa sobre la denominada administración central (la Presidencia y los ministerios, entre las principales dependencias), la descentralizada y los organismos descentralizados, como la Anses, el Incaa y el PAMI. En total, suman unos 208.000 empleados. Ése es el número que se mantendrá congelado este año.

En cambio, quedaron excluidas las empresas del Estado, como Aerolíneas Argentinas; las Fuerzas Armadas, las universidades, el Congreso y la Justicia. Tampoco están incluidas las provincias.

Una fuente oficial reconoció que en el futuro el Gobierno intentará avanzar en medidas similares para el resto de la administración pública nacional, donde hay organismos que suman otros 560.851 empleados y por el momento no tienen restricciones de contratación.

El año pasado terminó con 8000 concursos para incorporar personal al Estado, que esperan la designación final. Según fuentes oficiales, Modernización analizó los casos y continuarán en la administración pública.

Los límites a la contratación de personal están consignados en la decisión administrativa 12 de la Jefatura de Gabinete, que se publicó en el Boletín Oficial y distribuye los recursos del presupuesto de la Nación para este año.

La norma expone sus objetivos de manera expresa. En los considerandos sostiene «que es oportuno establecer» que las entidades que componen el PEN «no podrán incrementar sus plantas de personal contratado que superen las cantidades existentes al 31 de diciembre de 2016».

Además de la firma de Peña, la norma lleva la del nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien anticipó poco después de ser nombrado que uno de sus grandes objetivos de gestión sería el de «mirar finito» en qué se están gastando los recursos del Estado. Esta norma parece un producto de esa inspiración.

Si bien Dujovne es el que más habla de ajuste fiscal, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, será el principal auditor del empleo estatal. Todas las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo deberán enviarle en no más de 30 días el detalle de los cargos ocupados por personal permanente y temporario hasta el 31 de diciembre pasado.

Después de evaluar la cantidad y el perfil del personal en tareas, Modernización establecerá y distribuirá las contrataciones, con la posibilidad de modificar la distribución vigente hasta el último día del año pasado.

En la primera parte del año pasado, Ibarra lideró un proceso de depuración del Estado que ocasionó aproximadamente 10.000 despidos. «Está claro que hay una política fiscal más restrictiva. Antes se podía decir que la baja del gasto se limitaba a la reducción de los subsidios, en especial a la energía, pero ahora da la sensación de que hay voluntad de controlar el gasto en términos generales. Esto incluye controlar a los trabajadores del Estado», analizó Rafael Flores, de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP). Según el especialista en cuentas públicas, está a contramano de lo que ocurrió el año pasado, cuando hubo una ampliación del gasto en estructura administrativa por la creación de ministerios, que a su vez demandaron nuevos cargos.

«La voluntad de hacer la restricción está en el discurso. Vamos a ver si efectivamente logran ir al detalle y reducir el gasto sin que implique un peor funcionamiento del Estado», se planteó Flores.