Convenio para el patrocinio legal de víctimas de violencia institucional

El acto fue encabezado por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, y la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, y contó con la participación de autoridades de diversas áreas de la Secretaría de Derechos Humanos, entre ellas, Ana Oberlin, directora nacional de Asuntos Jurídicos; Sandra Furio, coordinadora del Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad (ProNaLCI); Lucas Ciarniello, coordinador de la Unidad de Registro de Casos de Violencia Institucional, y Julieta Calmels, directora del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa”. También estuvieron presentes Eugenia Vázquez, Gustavo Melmann, Dolores Demonty, Rosa Bru, Raúl Buganem, Miriam Medina, Raquel Witis, Gumercinda Giménez y Alicia Ramírez, todos familiares de víctimas de violencia institucional. Luego de la firma, el Secretario de Derechos Humanos resaltó la importancia del compromiso y la lucha de los familiares de las víctimas de hechos de violencia institucional. “Ustedes están dejando un legado de lucha y de exigencia para ir mejorando cada vez más y tener un país con más justica. Pero no se puede hablar de justica si no se habla de memoria. Este convenio va a hacer honor a que la memoria haga un aporte, a que no prescriban las causas, con la posibilidad de que exista un patrocinio activo en el proceso judicial para velar por los derechos de las víctimas y que, a la vez, enfrente las estrategias de aquellos que quieren impunidad”, expresó. “Es muy importante este convenio porque los hechos de violencia institucional no se limitan solamente al accionar de las fuerzas de seguridad con personas en situación de encierro, la pueden proporcionar también los agentes de justicia cuando no creen en una mujer que va denunciar que es víctima de violencia de género y que luego termina en femicidio. Para eso hemos creado el Registro Nacional de Femicidio, el cual también lo venimos articulando con todas las instituciones que hacen a los poderes del Estado”, añadió Fresneda y sostuvo: “Hemos resuelto, en gran parte, los problemas de impunidad en Argentina, a través de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, hecho que forma parte de uno de los antecedentes más importantes que tiene nuestro país como punto de inflexión en materia de impunidad. Es fundamental la aplicación de la Ley de Salud Mental y que culturalmente se considere que las personas en situación de encierro con problemas de salud mental también son sujetos de derecho. Esta es la agenda que venimos trabajando para el futuro de nuestro país”. Por su parte, Martínez reflexionó: “Después de la dictadura militar esto no debería volver a pasar y sin embargo, siguió pasando. Ahora le estamos poniendo un límite firme y se está avanzando seriamente. Tenemos una nueva Ley Orgánica que pone a la Argentina como pionera en materia de Derechos Humanos que nos permite patrocinar, ejercer un acompañamiento legal para actuar en un proceso, a todas las víctimas que lo necesiten, por razones de escasez de recursos o por situación de vulnerabilidad”. Por último, Martínez agregó: “El derecho a la justicia como derecho humano fundamental es nuestro derecho a que el Estado nos proteja y nos cuide. En eso estamos trabajando”.