El convenio determina que a partir de esta firma se realizarán acciones destinadas a fortalecer la articulación entre los centros de investigación en derechos humanos y a promover la difusión de sus actividades y de la producción científica que en ellos se genere. Luego de la firma, Fresneda remarcó: “En este convenio ampliamos mucho más que las responsabilidades que asumen las instituciones educativas, porque también éstas pasarán a ayudarnos a realizar los informes, monitoreos y seguimientos de las recomendaciones asumidas por Argentina en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) ante la Organización de Naciones Unidas (ONU)” Agregó que «esos informes van a ser fundamentales para la formación de estadísticas de violencia institucional, violencia de género, trata de personas, privación ilegítima de la libertad, entre otros delitos complejos”. El Secretario indicó además: “A través de este convenio tenemos la expectativa de poder tener herramientas que nos sirvan para continuar diseñando políticas públicas y seguir promoviendo en los gobiernos provinciales recomendaciones para abordar las problemáticas vinculadas a estos delitos complejos”. Por su parte, Caballero dijo: “Las universidades en ese sentido tienen mucho para aportar. Este convenio nos va a permitir sistematizar ese aporte. Durante estos últimos años, las universidades se empezaron a reconocer como nunca antes, como parte del Estado nacional a través de su articulación con las necesidades del país”. Finalmente, Maiorana sostuvo: “Nosotros somos parte del Estado nacional. Muchas de nuestras universidades han creado observatorios de derechos humanos y es ahí donde notamos que nuestros profesionales le prestan voz a muchos actores que no llegaban a ser escuchados».
Convenio para la promoción de los derechos humanos en el ámbito académico
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