Estafas telefónicas: 15 imputados a juicio en Córdoba por fraudes millonarios
La justicia cordobesa avanza en el caso de estafas telefónicas que involucra a internos de la cárcel de Bouwer, con 15 imputados listos para enfrentar un juicio que podría resultar en severas condenas.
El Juzgado de Control en lo Penal Económico de Córdoba ha decidido llevar a juicio a 15 sospechosos por su presunta participación en un esquema de estafas telefónicas, utilizando la modalidad de débitos inmediatos (DEBIN). Este entramado delictivo involucró a reclusos de la cárcel de Bouwer, donde se habrían coordinado acciones fraudulentas. Uno de los acusados fue exonerado debido a la insuficiencia de pruebas en su contra.
Audiencia y decisiones del tribunal
En la audiencia pública presidida por el juez Gustavo Hidalgo, se presentó una de las víctimas, lo que motivó la decisión del tribunal. Además, cinco imputados lograron suspender el proceso por un año tras ofrecer compensaciones económicas a las víctimas y comprometerse a realizar trabajos comunitarios.
Funcionamiento del fraude
Según la fiscalía, los implicados orquestaron un plan que apuntaba principalmente a comerciantes del sector de la construcción. El modus operandi comenzaba con la obtención de información personal y bancaria. Luego, los internos de Bouwer realizaban llamadas falsas haciéndose pasar por potenciales compradores de materiales.
Engaños y resultados económicos
Una vez acordada la transacción, los estafadores enviaban comprobantes de transferencias falsificadas, convenciendo a las víctimas de errores en la acreditación. A través de instrucción precisas, lograban que estas autorizaran débito inmediatos (DEBIN), permitiendo transferencias automáticas hacia cuentas ligadas a la organización. Se estima que se sustrajeron aproximadamente 4.086.900 pesos, que posteriormente fueron difíciles de rastrear debido a su redistribución.
El rechazo a las defensas
El juez Hidalgo desestimó los argumentos defensivos que cuestionaban la evidencia de la implicación de sus clientes. Según el magistrado, la acumulación de indicios válidos respalda la teoría del Ministerio Público y justifica la permanencia de los acusados en el proceso judicial.
