El escándalo de corrupción que sacude a Brasil continúa y los investigadores evalúan si hubo ramificaciones en otro países como la Argentina. La causa, que involucra a la presidenta Dilma Rousseff y al ex mandatario Luiz Inacio Lula da Silva, reveló un complejo esquema de desvío de fondos de la petrolera estatal. La Justicia intenta probar si directivos de grandes empresas se repartía con políticos poderosos un porcentaje de cada obra de Petrobras. Ahora investigan si el mecanismo también se replicó en Argentina con funcionarios locales. El año pasado Elisa Carrió denunció que dos implicados en el “Lava Jato” declararon que el ex ministro de Planificación, Julio de Vido, presionó para que la compañía Transener, perteneciente a Petrobras, quede en manos de Electroingeniería, firma ligada al kirchnerismo. El ex director del área internacional de la petrolera brasileña, Néstor Cerveró, afirmó que en 2006 recibió jugosas coimas por esa venta, y además de mencionar a De Vido involucró en la misma operación a Roberto Dromi, ex funcionario de Obras Públicas. La investigación la llevan adelante el juez Sebastián Ramos y el fiscal Gerardo Pollicita. Este mismo año, la Policía Federal de Brasil (la que actuó en el Lava Jato) acusó al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime -y a uno de sus principales asesores, Manuel Vázquez- de haber recibido dádivas por parte de la constructora brasileña Odebrecht para obtener las obras de soterramiento del ferrocarril Sarmiento. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) investiga a seis empresas internacionales por las obras públicas que obtuvieron en el país entre 2006 y 2012.
Corrupción en Brasil: conexión argentina en el Lava Jato
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