La normativa de alquiler, conocida como el Marco de Alquiler Remoto, había incrementado las rentas hasta un 200% para más de 5,300 hogares en comunidades aborígenes. Este cambio, implementado entre diciembre de 2021 y febrero de 2023 por el gobierno local, generó un fuerte descontento en los residentes de las áreas más remotas.

Decisión Unánime del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo determinó que el anterior gobierno laborista del Territorio del Norte actuó de forma injusta al introducir cambios en los alquileres sin consultar adecuadamente a los inquilinos. Este fallo pone de manifiesto la importancia de la justicia y la transparencia en las decisiones que afectan a las comunidades vulnerables.

Impacto del Marco de Alquiler Remoto

Las modificaciones estructurales en las rentas llegaron a afectar a aproximadamente dos tercios de los inquilinos aborígenes de la región. La carga financiera total de estos aumentos era de aproximadamente 9.7 millones de dólares australianos al año, lo que exacerbó las ya precarias condiciones de vivienda en estas áreas.

Fundamentos de la Decisión Judicial

El tribunal sostuvo que las determinaciones tomadas por el gobierno estaban “infectadas de error jurisdiccional” al no haber dado aviso a los inquilinos ni permitido que estos expresaran su opinión sobre los ajustes de renta propuestos. La falta de consulta adecuada fue considerada un incumplimiento de derechos fundamentales.

Voces de los Demandantes

Los demandantes, representados por el abogado Dan Kelly de Australian Lawyers for Remote Aboriginal Rights, enfatizaron la necesidad urgente de que el gobierno restablezca el diálogo con los afectados. Kelly mencionó que es vital que las autoridades escuchen a las comunidades para establecer un sistema de alquiler justo y equitativo.

Próximos Pasos para el Gobierno del Territorio del Norte

Tras la decisión judicial, el Ministro de Vivienda, Gobierno Local y Desarrollo Comunitario, Steve Edgington, reconoció la necesidad de revisar el marco de alquiler vigente. Mientras tanto, se confirmó que todos los inquilinos, tanto en áreas urbanas como remotas, continuarán con sus obligaciones de pago de alquiler.

Un Antecedente Preocupante

El gobierno del Territorio del Norte ya había enfrentado críticas en 2022, cuando se cancelaron 68 millones de dólares en deudas de alquiler para comunidades indígenas tras demandas que indicaban que las condiciones de vivienda eran “inhumanas”. Esta nueva resolución refuerza la urgencia de un enfoque más humano y participativo en la política de vivienda.