Cristóbal López y Fabián De Sousa fueron denunciados por la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) por no depositar durante largo tiempo sus aportes sociales y previsionales. Por esa maniobra, que ahora deberá investigar la justicia, se habrían apropiado de por lo menos 300 millones de pesos. Los fiscales Gabriel Pérez Barberá y María Laura Roteta, en representación de ese brazo del Ministerio Público Fiscal, se presentaron el miércoles ante el fuero en lo Penal Económico para hacer la denuncia contra López y De Sousa, que se suma a la que hace unos meses había realizado la AFIP por la evasión de $ 8.000 millones del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) en las operaciones de Oil Combustibles SA. En la pesquisa oficial, que se inició a partir de una nota publicada por el diario La Nación, la PROCELAC requirió ayuda de AFIP y de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (Ufises). Ya con las primeras planillas de la ANSES en su poder, los fiscales anti-lavado confirmaron la sospecha inicial: varias empresas de López y De Sousa «habrían omitido efectuar el depósito de los recursos de la seguridad social retenidos a sus dependientes». Esto es, se quedaban con el dinero descontado a sus empleados para hacer frente a la jubilación y la obra social. Las nuevas autoridades de la PROCELAC comprobaron que la maniobra se repetía en las firmas Alcalis de la Patagonia, Banco Finansur, Casino de Rosario, La Corte SA, CPC SA, Establecimiento Santa Elena, Feadar SA, Ideas del Sur SA, IGD SA, Inverclub SA, Oil Combustibles SA, Soluciones Logisticas SA y Votionis SA. Es decir que la estafa afectó a los empleados de todos los rubros a los que había ingresado el Grupo Indalo: desde la faena de ovinos a los medios de comunicación, desde el sector financiero a los casinos.
Cristóbal López habría evadido millones en aportes
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