Denuncian accionar de fondos buitre desde la ONU

El informe de la Cancillería argentina expresa: «El Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas examinó, los días 10 y 11 de agosto de 2015, en Ginebra, un informe de investigación sobre el impacto que las actividades de los fondos buitre tienen en los derechos humanos, de conformidad con el mandato otorgado por la Resolución 27/30 del Consejo de Derechos Humanos, iniciativa liderada por la Argentina en septiembre de 2014. El 26 de septiembre de 2014 la Argentina impulsó esa resolución que fue aprobada por 33 votos a favor (Argelia, Argentina, Benín, Botswana, Brasil, Burkina Faso, Chile, China, Congo, Cote d’Ivoire, Cuba, Etiopía, Gabón, India, Indonesia, Kazajstán, Kenya, Maldivas, México, Marruecos, Namibia, Pakistán, Perú, Filipinas, Federación Rusa, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Sierra Leona, Sudáfrica, Venezuela, Vietnam) , 5 en contra (Alemania, República Checa, Estados Unidos, Japón, Reino Unido) y 9 abstenciones (Austria, Estonia, Francia, Irlanda, Italia, Montenegro, República de Corea, Rumania, Macedonia). A través de esta resolución, el Consejo de Derechos Humanos solicitó a su Comité Asesor, órgano integrado por 18 expertos independientes, provenientes de todas las regiones geográficas y de reconocida competencia en materia de derechos humanos que preparara una investigación sobre las actividades de los fondos buitre y su impacto en el disfrute de los derechos humanos. El informe de investigación fue preparado por el experto suizo Jean Ziegler y contó con la contribución de expertos en derechos humanos y economía así como con la información brindada por diferentes gobiernos y organizaciones no gubernamentales. En el mismo se analiza el impacto negativo que los fondos buitre tienen en la capacidad de los Estados para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y las acciones que éstos, individualmente o en conjunto, pueden tomar para enfrentarlos. El estudio pone de manifiesto las preocupaciones crecientes que generan las estrategias empleadas por los fondos buitre, exacerbadas por la ausencia de un mecanismo jurídico internacional que regule sus actividades y las responsabilidades de sus impactos negativos. Es su modus operandi el que los define como “buitre” ya que se niegan a participar en procesos de reestructuración de deuda de forma ordenada y transparente y, en cambio, se benefician de la opacidad y falta de control existente en el mercado secundario y en los paraísos fiscales, donde tiene sede: el promedio de sus tasas de retorno es de 3 a 20 veces más de lo invertido, equivalente a retornos de 300 a 2.000%. La práctica predatoria de estos fondos es de larga trayectoria, en particular contra países en desarrollo. A pesar de que los países africanos sean los más frecuentemente atacados –con un promedio de ocho demandas interpuestas por año- el informe destaca que este hecho alarmante sólo ha tomado notoriedad pública tras la batalla de la Argentina contra NML, que ha impulsado a la comunidad internacional a tomar medidas. Además de analizar el caso argentino contra NML Capital Ltd, el informe aborda los casos de Zambia y República Democrática del Congo y las graves consecuencias que esos casos han tenido en las políticas de desarrollo económico y social de esos países y en la erradicación de la pobreza. Sin embargo, Ziegler señaló que éstos son sólo algunos casos, ya que actualmente existen 223 procesos judiciales contra 48 Estados iniciados por 26 fondos buitre, procesos que proliferan porque no existe legislación internacional que regule la actividad especulativa de estos fondos. Es interés de los fondos buitre obstaculizar y demorar los procesos de reestructuración de la deuda ya que “su expectativa de obtener beneficios aumenta en proporción a los problemas económicos y financieros de país.