Córdoba abandona el pacto fiscal por escasez de recursos

La Legislatura de Córdoba aprobó, por unanimidad, el abandono de la provincia al Pacto Fiscal.

Estaba vigente desde agosto de 1992, por el que se destina el 15 por ciento de la masa de recursos coparticipables a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).

Fuentes del oficialismo provincial estimaron que esa deducción de recursos implica en el caso de Córdoba una pérdida de aproximadamente 2.000 millones de pesos en todo 2012, monto superior al déficit del sistema previsional local.

La sesión se desarrolló con la inesperada visita del gobernador José Manuel de la Sota, quien declaró a la prensa que «el único camino es el dialogo y yo voy a estar sentado en cualquier mesa de negociación».

La «denuncia» del Pacto a través de una ley implica que la Provincia da por extinguida la vigencia del acuerdo, con el objetivo de que el Gobierno nacional deje de retenerle el 15 por ciento de la coparticipación que Córdoba y el resto de las provincias argentinas cedieron hace 20 años para el sostenimiento del sistema previsional nacional.

Hace dos décadas, los estados provinciales cedieron ese porcentaje para contrarrestar el desfinanciamiento que afrontó el sistema nacional por la creación de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).
Reestatizado el sistema en noviembre de 2008, ese 15 por ciento no volvió a las provincias, a pesar de que, como en el caso de Córdoba, muchas tienen su propio sistema previsional desfinanciado.
Como el Gobierno nacional no ha enviado, en el último año y medio, los recursos comprometidos para que Córdoba pueda pagar los haberes a sus jubilados, De la Sota decidió reclamarlos ante la Corte Suprema de Justicia.

Pero, además, recogió las sugerencias que, con espíritu de crítica, le formularon los líderes de la oposición en el sentido de que debía reclamar también el 15 por ciento de la coparticipación.
El miércoles pasado, De la Sota envió a la Legislatura el proyecto de ley para utilizarlo como prueba y antecedente en un eventual reclamo de esos recursos ante el máximo tribunal judicial de la Nación, tal como señaló el legislador provincial oficialista Ricardo Sosa.

Al debate legislativo no asistieron los representantes alineados en la agrupación kirchnerista Kolina, ya que no aprobarán la iniciativa que generará rispideces con el Gobierno nacional.

El jefe de Gabinete provincial, Oscar González, detalló los pasos a seguir: «primero, notificaremos a todas las jurisdicciones; segundo, intimaremos a la Nación; y tercero, recurriremos a la Corte Suprema», dijo. Por su parte, la Procuración General de la Nación -la jefatura de los fiscales- dictaminó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe resolver la demanda del Gobierno de Córdoba contra la administración de Cristina Fernández por una deuda de más de mil millones de pesos del sistema previsional.