El Senado aprobó el proyecto de expropiación de ex Ciccone

La ley para expropiar de la Compañía de Valores Sudamericana declara de utilidad pública la emisión de papel moneda.

Luego de más de 6 horas y media de debate, la iniciativa fue avalada por 44 votos a favor y 20 en contra.

La Cámara alta aprobó esta tarde por 44 votos a favor contra 20 negativos la iniciativa que declara de utilidad pública la emisión de papel moneda. El proyecto fue aprobado tras casi siete horas de debate.

El Senado aprobó y giró en revisión a Diputados el proyecto de ley de expropiación de la Compañía de Valores Sudamericana, ex Ciccone, que declara de utilidad pública la emisión de papel moneda, tras un largo debate en el cual el oficialismo sumó el apoyo de parte de la oposición.

Luego de más de seis horas y media de debate, la iniciativa fue aprobada en general por 44 votos a favor y 20 en contra, y girada a la Cámara de Diputados.

En el texto de la iniciativa, el Gobierno fundamentó la intervención de la empresa ex Ciccone en la necesidad de “mantener la soberanía monetaria» y de «concentrar la fabricación de dinero circulante y acuñación de moneda de curso legal y de impresión de documentos de seguridad”.

El senador nacional Aníbal Fernández (Frente para la Victoria) abrió el debate como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda responsabilizando a las gestiones de Fernando De la Rúa y de Eduardo Duhalde por el desmantelamiento de la Casa de la Moneda.

Fernández señaló también al ex titular del Banco Central, Martín Redrado, por las deficiencias en anteriores gestiones de la Casa de Moneda.

Fernández aseguró que el objetivo del Gobierno con su propuesta de expropiar la Compañía de Valores Sudamericana (ex Ciccone) «es recuperar la soberanía en la emisión de papel moneda» y «evitar que se sigan haciendo negocios con lo que pertenece a todos los argentinos».

El jefe del bloque de senadores oficialistas, Miguel Angel Pichetto, cerró el debate elogiando el proyecto del gobierno nacional, por el cual se expropia la empresa ex Ciccone.

Además, fustigó sin mencionarlo a su par de la bancada radical, Luis Naidenoff, al decir que “a veces el silencio es mejor que parrafadas con mucho contenido de mendacidad”.

Previamente, Naidenoff había mencionado que no se sabía “a quién se le va a pagar una indemnización que puede arrojar un número de 140 millones de pesos».

El radical mendocino Ernesto Sanz aseguró que «no está en discusión devolverle al Estado facultades perdidas» dado que la Constitución Nacional establece «claramente» la potestad del Estado en la emisión de billetes.

«Hay algo que nos evita la discusión que es la Constitución, que es clara en cuanto a que la confección de billetes le compete al Estado», planteó el legislador.

En cambio, el senador nacional Luis Juez (Frente Cívico-Córdoba) confirmó su apoyo a la expropiación de la ex Ciccone Calcográfica al expresar su convicción de que «el Estado se tiene que involucrar» en la emisión de billetes, a la que definió como una de sus «potestades soberanas».

En este sentido, recordó que el 18 de abril de este año él mismo había presentado un proyecto de ley «idéntico» en su contenido a la iniciativa que impulsa el oficialismo.

El oficialista neuquino Marcelo Fuentes saludó “la actitud de este Senado donde opositores que no coincidieron en muchísimas cosas con nosotros toman el tema como una discusión concreta».

El justicialista pampeano Carlos Verna anunció su “acuerdo con que la impresión del dinero debe estar en manos del Estado” y afirmó que “la aprobación no extingue ninguna causa penal porque los delitos son de acción pública”.

Rubén Giustiniani, del socialismo santafesino, dijo que comparte “recuperar la soberanía monetaria”, pero anunció que votaba en contra por “la forma en que se hace esta expropiación, con mucha celeridad, y porque no se ha permitido la presencia de los funcionarios nacionales”.

El senador Juan Carlos Romero (Salta-PJ), autor de un proyecto de similares característica al del Gobierno, consideró que tiene «algunas diferencias» con la iniciativa oficial y sostuvo «se debe terminar con la relación de sospecha permanente entre una actividad del estado esencial, como es la emisión de papel moneda, y el único proveedor privado».