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Una corte de apelaciones de Estados Unidos falló hoy contra la Argentina y señaló que el país discriminó a los tenedores de bonos que se negaron a participar en una masiva reestructuración de deuda soberana en el 2005 y en el 2010, los llamados fondos buitre, al decidir pagarles después de aquellos que sí aceptaron entrar en las operaciones.
El caso se originó por la cesación de pagos que declaró la Argentina sobre su deuda de 100.000 millones de dólares en el 2002, y a futuro podría afectar la forma en que los países que intentan dejar atrás sus crisis de deuda soberana se ocupan de los acreedores indignados.
Por unanimidad, un panel de tres jueces en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York dictaminó que Argentina violó la provisión de «tratamiento igualitario» en los bonos al considerar a los tenedores de deuda que no aceptaron la reestructuración fueron puestos en un escalón inferior a los otros acreedores.
La decisión conocida hoy ratifica un fallo de febrero del juez del distrito Thomas Griesa, que dijo que los acreedores que se negaron a participar de los canjes, con tenencias por 1.400 millones de dólares, merecen un trato igualitario en el repago de la deuda.
«Nada en el registro apoya la afirmación general de Argentina de que el dictamen hundirá a la República en una nueva crisis financiera y económica», escribió el juez Barrington Parker.
Entre los tenedores de bonos que reclaman trato igualitario están los fondos NML Capital Ltd. -involucrados por estos días en la retención de la Fragata Libertad en Ghana- y Aurelius Capital Management.
La Corte de Apelaciones solicitó a Griesa que aclarase el modo en la que se pretende que funcione la fórmula de pago del fallo y cómo éste se aplica a terceros, como los bancos intermediarios.
NML, de Elliot Management, es tal vez, uno de los fondos buitre más agresivos en su estrategia contra la Argentina. Elliot compró parte de los bonos argentinos poco antes del default y luego completó la cartera tras el canje del gobierno de 2005 a un valor muy bajo.
Traspié del Gobierno
En julio pasado, el Gobierno había pedido al tribunal que revoque la decisión del magistrado para impedir que NML y otros acreedores puedan cobrar 1.400 millones de dólares por los bonos en cesación de pagos.
En esa ocasión, la Casa Rosada había dicho que una eventual ratificación de las sentencias de Griesa podría «socavar» los acuerdos de deuda y desencadenar una nueva crisis financiera en el país.
En febrero, Griesa había dado su aval a la interpretación de los bonistas de la denominada cláusula «pari passu», que permite que un solo acreedor pueda obtener el cobro del monto adeudado fuera del arreglo global al que arribó un país que cayó en insolvencia, sin atender a los términos del acuerdo.
Según dijeron los acreedores que litigan en Nueva York contra el Gobierno, «la Argentina es una nación con más de 46.000 millones de dólares en reservas de libre disposición. Tiene recursos de sobra para pagar esas obligaciones en mora, de la misma manera que ahora paga sus otras obligaciones. Simplemente se niega a hacerlo, a pesar de años de litigio y la entrada de varios juicios en su contra».
La Argentina argumentó entonces que «no es un trato de igualdad que a los tenedores de bonos en default se les pague el interés completo, sin descuento y el principal de la deuda en default, porque los otros tenedores de bonos que aceptaron la deuda con grandes descuentos a través de ofertas de canje, están recibiendo un pago único previsto en su pago de intereses reestructurados».
La novedad se conoce un día después de que el canciller Héctor Timerman revelara un listado con los 28 embargos pedidos por «fondos buitres» desde 2003 a la fecha por la deuda en default, entre ellos el de la emblemática fragata Libertad.
Fuente: http://www.lanacion.com.ar
