El pasado 19 de Octubre, cuando aún era presidente de México, Felipe Calderón, se dio a conocer las enmiendas al Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, que ahora serán objeto de nuevas controversias al presentarse por la Cámara de Diputados, contando con el respaldo de todas las fracciones políticas, la inconformidad de las modificaciones aprobadas por el anterior Gobierno relacionadas con máquinas tragamonedas y casinos.
El punto esencial objeto de discusión está relacionado con la legalización, hace apenas 47 días por el Presidente saliente acerca del uso de máquinas tragamonedas, al considerarlas como juegos de azar, ignorando el alcance de la legislación vigente que las prohíbe.
En el fondo se cuestiona la capacidad real del ejecutivo de modificar una Ley, facultad que le corresponde al Congreso de la Unión. De esta forma la cámara de diputados interpondrá la controversia constitucional en contra de los artículos 2, 3 fracciones XII Bis, 9 y 39 Bis del decreto que reformó el citado reglamento.
De progresar la controversia en desarrollo, la Dirección de Juegos y Sorteos se vería frenada para permitir el funcionamiento de las tragamonedas, argumentándose que el negativo impacto social que tienen los juegos de azar resulta muy superior al beneficio económico por concepto de las recaudaciones tributarias que pudieran derivarse de aplicarse la referida reforma.
Otro ángulo del problema es el referente a los juegos de azar online que tienen un mercado estimado en trescientos millones de dólares anuales y que al parecer no son objeto de estas discusiones, pero en paralelo se rubricaron sendos acuerdos entre la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juegos de Apuesta en México (AIEJA), y la Asociación de Bancos de México (ABM) con el propósito de regular, supervisar y controlar los juegos de azar en línea.