Más de 200 magistrados piden una «justicia legítima»

En una solicitada, los jueces consideraron que «se debe ser independiente de los intereses económicos de las grandes empresas» y también «de los medios de comunicación concentrados».

Más de 200 magistrados y funcionarios judiciales de distintos fueros de todo el país firmaron una solicitada en la que rechazan el comunicado emitido la semana pasada por la Junta Federal de Cortes, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Federación Argentina de la Magistratura.

En el texto, los jueces, fiscales, defensores y funcionarios de la Justicia que firman la solicitada sostienen que, aunque forman parte de dichas organizaciones, «no nos sentimos representados por el contenido del comunicado» y los mueve «el propósito de reconciliar al Sistema de Administración de Justicia con la ciudadanía».

La solicitada «rechaza los términos expresados por las entidades mencionadas» -entre las que también estaba la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial-, y tiene como firmantes a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó; a la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez; al juez de casación Alejandro Slokar; al presidente de la Cámara del Crimen, Gustavo Bruzzone; y al fiscal de Cámara Jorge Auat, entre otros.

«Sostenemos que la independencia del Poder Judicial es un principio cardinal del sistema republicano, que no debe entenderse limitado a la relación que debe existir entre los poderes del
Estado», afirman los jueces en el texto.

Y advierten que «los magistrados también deben ser independientes de los intereses económicos de las grandes empresas, de los medios de comunicación concentrados, de los jueces de las instancias superiores e -incluso- deben ser independientes de las organizaciones que los representan».

En otro pasaje, el texto afirma que «los jueces cumplen una función esencial en el sistema democrático» y, por tanto, «el debate democrático sobre las decisiones judiciales acerca el sistema de justicia a la sociedad, y enriquece la calidad de las respuestas jurisdiccionales».

Además de los magistrados, la solicitada lleva la firma de rectores de unas veinte universidades nacionales y decanos de varias facultades. Arturo Somoza (Cuyo), Fernando Tauber (La Plata), Carolina Scotto (Córdoba), Ernesto F. Villanueva (Jauretche) y Gustavo Lugones (Quilmes) son algunos de los titulares de las casas de altos estudios que acompañaron.

Asimismo, el documento continúa aclarando que «la falta de cobertura de cargos vacantes en el Poder Judicial es un problema estructural del servicio de justicia, que afecta en definitiva a toda la comunidad. La responsabilidad por este déficit es compartida por todas las instituciones que se encuentran representadas ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, y no de una en particular».

Por otra parte, afirman que «la recusación de magistrados es el mecanismo procesal establecido en la legislación vigente para asegurar un eficaz servicio de justicia y garantizar la imparcialidad de las decisiones judiciales».

La solicitada dice que «el Poder Judicial debe velar por el irrestricto respeto a la facultad de cada provincia de darse sus instituciones y regirse por ellas de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Constitución Nacional. Lo contrario importa una vulneración al principio republicano de la división de poderes».
La semana pasada, un grupo de magistrados de todo el país publicó un extenso comunicado en el que llama a defender la independencia de poderes y reclaman la rápida cobertura de los juzgados vacantes.

En un reconocimiento a la pluralidad de voces y la libertad de expresión que promueve la Ley de Medios, los jueces piden “que se habiliten espacios en los horarios y noticieros centrales de la televisión pública para que el Poder Judicial pueda expresar opiniones a través de su agencia de noticias, así como la difusión de videos institucionales en programas de difusión pública”

fuente > minutouno.com