Uruguay: Suspenden Firma De Contrato por casino Con Grupo Argentino

Horas antes de firmar el contrato para construir un hotel y casino (adjudicado en marzo) en la ciudad uruguaya de Atlántida, la Dirección Nacional de Casinos suspendió el acto porque el inversor no pudo demostrar disponibilidad de fondos. La empresa dio otra versión.

La construcción de un hotel casino en Atlántida, departamento de Canelones, nació en medio de una polémica hace un año y medio, cuando el Tribunal de Cuentas observó la ausencia de un proceso licitatorio y la adjudicación directa a la firma Reinsa, del poderoso Grupo Ick de Santiago del Estero, Argentina. Ayer se sumaron elementos que avivan la polémica dado que la versión oficial y la del inversor difieren sobre las razones que llevaron a suspender la firma del contrato y hacen a un tema sensible como la disponibilidad de los fondos para encarar el proyecto.

La Dirección Nacional de Casinos (DNC) había anunciado para las 13 horas de ayer la firma de un contrato de arrendamiento en régimen de explotación mixta para la construcción de un hotel casino en Atlántida. «El referido contrato representa el punto de partida formal para la construcción del Hotel Casino Atlántida, que constituirá el principal complejo de servicios de hotelería en cuanto a tamaño y categoría de toda la Costa de Oro», informó la DNC en su convocatoria.

Horas antes del comienzo del evento, libró otro comunicado en el que informó que «se suspende el acto de firma del contrato entre la DGC y Reinsa S.A. El motivo de dicha suspensión es que la empresa no ha podido completar a tiempo la documentación exigida por la licitación para poder concretar la firma del contrato. Por ese motivo, en cuanto estén completados los requisitos se procederá a realizar una nueva convocatoria».

La construcción de un hotel casino en Atlántida nació en medio de una polémica hace un año y medio, cuando el Tribunal de Cuentas observó la ausencia de un proceso licitatorio y la adjudicación directa a la firma Reinsa, del poderoso Grupo Ick de Santiago del Estero (Argentina). Ayer se sumaron elementos que avivan la polémica dado que la versión oficial y la del inversor difieren sobre las razones que llevaron a suspender la firma del contrato y hacen a un tema sensible como la disponibilidad de los fondos para encarar el proyecto.

En junio de 2011 la Comisión Asesora de Adjudicaciones había aconsejado a la DNC que Reinsa fuera contratada en forma directa para el proyecto por el que tiene previsto invertir entre US$ 12 millones y US$ 15 millones. El 27 de marzo, con la firma del presidente uruguayo José Mujica, el proyecto de inversión fue adjudicado definitivamente.

Sobre las razones de la suspensión resuelta en la víspera hay versiones encontradas, muy diferentes unas de otras.

El director nacional de Casinos, Javier Chá, dijo que el inversor no pudo presentar un certificado que demuestre que posee los fondos que va a invertir. El abogado de la firma, Álvaro Galeano, dijo que ese no fue el problema que impidió la firma.

«La empresa quedó en concurrir hoy con una documentación para completar lo que necesitaba para la firma del contrato. Tuvo un problema interno por lo cual no llegó a tiempo la documentación y tuvimos que suspender. Son formalidades», dijo Chá.

Ayer trascendió que el problema estaba vinculado al origen de los fondos. Consultado específicamente sobre el tema, Chá abundó en detalles. «No. En realidad tenía que demostrar la disponibilidad de los fondos, necesitaba una certificación bancaria y no llegó a tiempo. Sin esa información era imposible firmar. Ahora tenemos que concertar una nueva fecha y ver si podemos concretar», señaló.

«No es que se desconfíe de la solvencia del grupo pero la disponibilidad de los fondos del proyecto debe estar debidamente acreditada. Es un grupo muy grande, muy poderoso, pero tenía que estar acreditada la disponibilidad para este proyecto. No es un tema de palabra ni de confiar, que tiene que estar el disponible», señaló.

El abogado del Grupo Ick en Uruguay, Álvaro Galeano, negó que el documento estuviera vinculado a la disponibilidad de los fondos.
«Faltaba una parte documental para suscribir el contrato y por eso quedó para otra fecha. Es solo un documento, lo vamos a sanear para que las cosas sean claras. El contrato
ya fue revisado. Falta el documento pero como el Grupo está en Santiago del Estero las cosas tardan», dijo.

Consultado específicamente sobre la disponibilidad de fondos del Grupo inversor, respondió: «Es un tema documental que no tiene nada que ver ni con el origen de los fondos ni con la disponibilidad, todo está perfectamente acreditado. Por motivos confidenciales no puedo revelar cuál es el tenor del documento, pero está todo encaminado».

Galeano acotó: «El origen de los fondos está perfectamente resuelto. Son fondos propios en un cien por ciento y muchos ya están en Uruguay. No solo que está acreditado el origen de los fondos sino que hay un estado patrimonial de los integrantes del grupo que excede el monto del proyecto».

Consultado sobre si la suspensión de la firma del contrato puede implicar que el acuerdo caiga, Chá respondió: «Implica que para firmar necesitamos la documentación y si la empresa está en condiciones de aportarla no habrá problemas en contratar. Hasta el momento la empresa manifiesta voluntad de seguir adelante».

En el mismo sentido se pronunció el abogado del grupo de Santiago del Estero.

Dudas sobre origen de fondos

Durante el estudio del contrato, el Área de Administración Financiera de la Dirección de Casinos elaboró un informe en el que advirtió que no surgía información sobre el origen del dinero para la inversión en un hotel y casino en Atlántida, explicaron fuentes del Ministerio de Economía.

Frente a ese informe, las fuentes señalan que el Grupo Ick argumentó que había tramitado un préstamo ante el Banco República. Las mismas fuentes acotan que una vez que Casinos comprobó que no había préstamo, el Grupo informó que disponía de fondos propios. Consultado al respecto, el abogado del grupo, Álvaro Galeano, dijo ayer que siempre fueron fondos propios y que nunca se manejó un préstamo del BROU.

La semana pasada, otro informe jurídico de la asesoría de la Dirección de Casinos alertó que en el proceso de elaboración del contrato no se habían cumplido las normas de prevención de lavado de activos. Las fuentes señalaron que la Dirección instruyó a una escribana para que incluyera una cláusula en el contrato que especificara el origen de los fondos. Acotaron que el Grupo pidió eliminar la cláusula y Casinos no lo aceptó. El director de Casinos, Javier Chá, negó ayer que el problema radique en el origen de los fondos y afirmó que se trata de acreditar su disponibilidad, punto que, por otra parte, negó el abogado del inversor.

En junio de 2011 el Tribunal de Cuentas observó a la Dirección General de Casinos por haber realizado una contratación directa sin licitación para la construcción del casino bajo el sistema de explotación mixto en Atlántida. Según el TCR, el argumento planteado por la Dirección General de Casinos en cuanto a la «notoria escasez de los bienes o servicios a contratar» no podía ser aplicado para evitar una licitación.

El TCR también observó que el costo que debe asumir la DNC para obtener los ingresos proyectados «representa casi un 80% de éstos, restando tan solo una utilidad del 20% para el Estado y que el oferente proyecta poseer una participación en los resultados superior al Estado».

Proyecto

El proyecto para habilitar el casino en Atlántida fue otorgado a Resoluciones Informáticas S.A. (Reinsa), en el marco de un complejo hotelero que se prevé construir en ese balneario de la Costa de Oro. El plan implica una inversión cercana a los US$ 15 millones y comprende la construcción de un hotel cuatro estrellas de 44 habitaciones, un centro de convenciones y un casino de última generación. El proyecto detalla que el casino constará de 150 slots y 12 meses de juegos tradicionales, mientras que el hotel contará con spa, gimnasio, cine, sala de juego para niños, una sala de conferencias, confitería y restaurante, en otras cosas. La rentabilidad diaria por slot en el primer año de funcionamiento del casino sería de US$ 95 a lo que debe sumarse el rendimiento mensual de los juegos de paño, que se ubica en los US$ 11.000.

Fuente:www.elpais.com.uy