El juego ilegal en Canarias

La proliferación del juego y apuestas ilegales en locales de la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias, supone una pérdida de más de 50 millones de euros al año de recaudación impositiva, según cálculos internos que realiza el sector legal del juego en ese archipiélago español.

A esta pérdida por la irregular actividad de los locales clandestinos, e incidiendo en el deterioro de los ingresos del Ejecutivo autonómico -responsable de su control y recaudación-, se suma la pérdida de negocio que acarrean los propios casinos, bingos y otros centros legales de juego, cuyo volumen de negocio cayó a casi la mitad en los últimos 6 años, hundiendo los beneficios hasta un punto en el que, ahora y en muchos casos, son casi marginales o directamente dan pérdidas.

Varios casinos de las islas, sobre todo en Lanzarote y Fuerteventura, presentaron diversas denuncias ante la inspección del juego, así como ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al tener constancia de que estos centros no sólo están incurriendo en una actividad ilegal de juego sino de que, en la mayoría de los casos, tampoco tienen dados de alta a sus trabajadores o ni siquiera actividad económica alguna, con la consecuente evasión de impuestos.

Asimismo constan quejas formales de las asociaciones de máquinas y salones recreativos, bingos y de la Asociación Canaria de Empresas Organizadoras y Explotadoras de Juegos Privados.

La principal problemática del juego irregular se sitúa en tres frentes, dos históricos, pero no por eso menos problemáticos para el sector legal: los bingos clandestinos y timbas de póker en locales no autorizados, así como los casinos ilegales, algo que tiene especial incidencia en las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria. A esto se suma la reciente proliferación de locales de apuestas deportivas que se escudan en su consideración online -y la legislación a tal efecto aprobada en junio-, cuando de facto cuentan con locales a pie de calle y ejercen una intermediación y, por tanto, sacan una rentabilidad de apuestas no sujetas al pago de impuestos de personas que acuden a sus centros.

El Secretario de la Asociación nacional de Casinos de Juego, Heliodoro Giner López, explicó a Europa Press que la preocupación de todo el sector es exponencialmente «creciente» debido al deterioro que la propia «crisis está teniendo en las cuentas de resultados» de muchos casinos cuya actividad a día de hoy no les da para sostener sus gastos de explotación.

De hecho, algunos de los propios gerentes de casinos están ejerciendo de «espías». Terminan su jornada laboral y acuden a los recintos ilegales de los que tienen conocimiento, para constatar de primera mano estas irregularidades y denunciarlas a la inspección. «No nos están dejando otra alternativa porque la inspección no está actuando de oficio. Y es peor, tampoco responden de manera diligente a nuestras denuncias», explicó Giner.

Empresarios del juego coinciden en asegurar que la cifra de 50 millones en pérdida de recaudación es, además, «prudente» y que incluso infravalora el impacto del fraude ya que, de sumar la actividad ilegal a la pérdida de recaudación del juego legal, el coste para la Administración podría incluso duplicarse.

La principal reclamación es la falta de expeditividad, pues la administración, según todos los casos de cuyo conocimiento tienen tanto la Asociación de casinos como el resto del sector legal, se limita a la apertura de expedientes de infracción que en el mejor de los casos acaban «en una sanción que no se paga nunca por la declaración de insolvencia de los sancionados, o en una orden de cierre definitivo que tarda en procesarse entre dos y tres años, lo que permite el lucro durante todo ese periodo e incide en el deterioro de los legales», explicaron.

El sector pide igualdad de trato y la misma aplicación inmediata de medidas cautelares que se les puede imponer a ellos. «Porque si no, lo que nos sale rentable a todos es ser ilegales. De hecho, nosotros queremos montar también apuestas deportivas y no nos dejan pese a estar ya legalmente constituidos», lamentaron.

La Consejería de Presidencia, responsable del Servicio de gestión del juego cuenta ya con varias de estas reclamaciones encima de la mesa. Policía Nacional y Guardia Civil se declaran no competentes para tomar riendas en esta situación que, según los propios empresarios del juego, está poniendo «en serio peligro» gran parte del empleo estable generado por éstos. Un empleo, además y en gran medida, forzosamente estable porque la regulación de juego especifica unos mínimos de personal por mesa y sala, algo que impide flexibilizar los costes laborales para casinos y bingos más allá de cerrar zonas de juego y mesas, lo que a su vez va en contra de la propia actividad.

Un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Canarias explicó que «en temas administrativos ya no» tienen «competencias al respecto» y que «la competencia ahora forma parte de la Comunidad Autónoma o, en su defecto, es de la Policía Canaria». La Guardia Civil, por su parte, también rechaza actuar de oficio y apunta igualmente a la «competencia del Gobierno de Canarias» en esta materia al considerarlo algo puramente administrativo.

El motivo por el cual muchos jugadores asisten a estos centros ilegales son varios, pero sólo el hecho de que en estos establecimientos se permita fumar incumpliendo de manera sistemática la Ley del Tabaco es ya suficiente para convencer a muchos. Para los casinos la mera puesta en marcha de la medida, explicaron, supuso una pérdida pero ya el hecho de que otros locales ilegales y alegales permitan su consumo, incide aún más en lo que consideran una «clara competencia desleal» en todos los sentidos.

Además, el sector legal tiene un sistema de premios tasados con un márgen que los centros ilegales se permiten elevar. Además, no existe control alguno de acceso (en los casinos y bingos es por Ley obligatorio la presentación del DNI y ser «fichado») y tampoco de la procedencia del dinero de las apuestas.

Todo ello sumado hace que muchos usuarios frecuentes opten por la opción ilegal cuando precisamente la legislación del juego se centra en varios aspectos que aquí no se cumplen: la protección del jugador frente a una eventual ludopatía, el control del dinero negro y del blanqueo de capitales, y también el control y transparencia de los premios y su garantía de pago a los jugadores, algo que en los ilegales no existe.
Fuente:www.europapress.es