Cayeron luego de que LA NACION revelara que participaron del acuerdo que había denunciado la Presidenta; entre ellos, se va un directivo de Aerolíneas cercano a Kicillof
El Gobierno decidió ayer separar a dos funcionarios nacionales y al asesor de una senadora del Frente para la Victoria (FPV), involucrados en la supuesta «estafa» con asociaciones de consumidores y bancos, que había denunciado el lunes la presidenta Cristina Kirchner , durante un acto en la Casa Rosada.
Se trata de Juan de Dios Cincunegui, vicepresidente de Aerolíneas Argentinas e interventor desde noviembre en la empresa Intercargo; Luis Romiti, director nacional de Control Ambiental de la Secretaría de Ambiente; y Eduardo Baeza, asesor a sueldo de la senadora nacional Nanci Parrilli, hermana del secretario general de la Presidencia.
Las críticas presidenciales se habían centrado en la asociación de defensa del consumidor Adecua , a la que acusó de montar una «estafa» en connivencia con un juez y seis bancos, al sostener que perjudicaron por un total cercano a los $ 367 millones a más de 1.700.000 clientes que reclamaban indemnizaciones por el cobro indebido de comisiones bancarias. Pero LA NACION reveló en su edición de ayer que tres de los abogados que participaron de esa situación están íntimamente ligados al kirchnerismo.
Un cable de la agencia estatal Télam informó anoche que Romiti y Cincunegui habían presentado su renuncia, mientras que Baeza fue dado de baja de la plantilla de asesores de la senadora Parrilli.
«Cuando se trata de funcionarios, hay una cola larga de jueces para hacer justicia; cuando se trata de privados o de bancos, no. Hay que repensar la administración de justicia», había reclamado la Presidenta este lunes, para luego reiterar sus críticas contra el Poder Judicial, al que indicó que hay que «democratizar» .
«Además de la figura de enriquecimiento ilícito, está en el Código Civil una figura que se llama enriquecimiento sin causa, un equivalente en el sector privado. Es cuando alguien se enriquece indebidamente porque embromó a otro. Este es el caso, son un 367 millones de pesos que les correspondían a sus clientes», resaltó.
Luego, la Presidenta trazó una comparación entre lo que considera que ocurre cuando el imputado es un funcionario y cuando se trata de alguien en el sector privado.
«Esperamos que haya algún juez o fiscal de esos que les gusta salir en los medios que hagan algo. Si controlan al verdadero poder, los funcionarios están fritos, lo más probable es que queden procesados», argumentó luego. «Alguien debería preguntarles a los abogados a quién defendían, si a los clientes o a los bancos.»
Pero la revelación de LA NACION descolocó al Gobierno, que ayer se mantuvo en silencio todo el día, sin explicar qué haría con los funcionarios involucrados en lo que la Presidenta denunció como una «estafa». El dato de la salida de los funcionarios se difundió por Télam, en el último párrafo de un cable en el que se informa que el presidente de Adecua, Osvaldo Riopedre, cobró 5 millones de pesos a partir del acuerdo que firmó la ONG con seis bancos.
Romiti, que trabajaba apenas un escalón por debajo del secretario de Ambiente, Juan José Mussi, recibió un pedido para que presentara una renuncia por la tarde, según pudo saber LA NACION.
La caída de Cincunegui es más complicada para el Gobierno. Militante de La Cámpora, polista e integrante del círculo de colaboradores del viceministro de Economía, Axel Kicillof, su nombre había comenzado a sonar durante las últimas semanas para un eventual desembarco oficialista en Aeropuertos Argentina 2000.
Pero tras la denuncia de una «estafa» que lanzó la Presidenta durante un acto televisado, según planteó un conocido suyo de años, Cincunegui «quedó injustamente complicado». Y se vio obligado también a presentar su renuncia.
Ren Uncias by
fuente > lanacion.com.ar