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El esquema que diseñó la Corte para la audiencia es que las partes consideradas afectadas en el juicio tendrán 15 minutos cada una para realizar su descargo total.
Queda pendiente si exponen el 93% de los bonistas que ingresaron al canje representados por los abogados de los fondos Gramercy y Fintech, y el agente de pago del Gobierno, el Bank of New York.
El gobierno argentino tiene todo listo para dar el próximo paso en el juicio contra los fondos buitre, que será el 27 de febrero en Nueva York, donde la clave será la capacidad de oratoria de los abogados de las partes, que en escasos 15 minutos tendrán que esmerarse por defender su posición.
No está previsto el envío de más documentos del Gobierno hasta el momento del juicio, según confirmaron a Télam fuentes del Ministerio de Economía, que conduce Hernán Lorenzino.
No obstante, en paralelo se mantiene el pedido oficial de revisar «en banc» el fallo del pasado 26 de octubre que avaló parcialmente un pronunciamiento del juez Thomas Griesa, lo que comprende una revisión de manera completa y con la totalidad de los trece jueces que componen la Corte.
El esquema que diseñó la Corte para la audiencia es que las partes consideradas afectadas en el juicio tendrán 15 minutos cada una para realizar su descargo total.
La Argentina y los fondos buitre- Aurelius y NML, entre los principales- tienen asegurado sus 15 minutos y queda pendiente si exponen el 93% de los bonistas que ingresaron al canje representados por los abogados de los fondos Gramercy y Fintech, y el agente de pago del Gobierno, el Bank of New York.
Sucede que, pese a que la Corte nombró a estos dos sujetos como terceras partes afectadas «non party apellants», aún no elevó la notificación para la exposición de los 15 minutos, lo que está generando en el ambiente expectativa y ansiedad.
Las partes consideran que es un error no contemplarlos, pero la Corte todavía no se expidió en este sentido.
Esta ansiedad quizá provocó que, el viernes último, Fintech cometiera un pequeño error cuando tuvo la chance de una réplica: envió el mismo documento que había girado el 28 de diciembre, y horas después tuvo que volver a girar la contestación del fondo, luego de que se conoció la posición de los fondos buitre, el pasado 25 de enero.
En tanto, los bonistas europeos también muestran ansiedad.
Los denominados Eurobondholders, que se habían presentado como parte interesada pero no afectada, piden ahora que se los incluya en igual categoría que Gramercy y Fintech y a sus representados.
Los europeos argumentaron sentirse afectados por las declaraciones efectuadas por el fondo buitre Aurelius.
Otra intriga que surge por estos momentos a estos bonistas, hasta que las Corte no se expida sobre si logran ser parte de la audiencia o no, es si se les concederán a todo este grupo sólo 15 minutos, o 15 minutos a cada uno. Por las dudas, los abogados de estos grupos preparan los codos para pelear palmo a palmo la posibilidad de subirse al estrado.
Es que, por ejemplo, Gramercy, contrató para dicha audiencia al abogado estrella David Boies, considerado un experto orador que peleó los votos de Al Gore en Florida, cuando fue vencido por su rival Geroge W. Bush.
Asimismo, NML buscó interceder ante la Corte para que no prosperen los pedidos del Bony y los Eurobondholders de ser incluidos en el listado de oradores.
En tanto, se especula con que Jonathan Blackman será el candidato del estudio que defiende al país, el estudio Cleary Gottlieb, Steen and Hamilton. En la última audiencia, participó el letrado Carmine Boccuzzi.
Al margen de la contienda, muy interesados están quienes presentaron con «documentos amigos» a la posición del país: gobierno de Estados Unidos, Anne Krueger, Asociación de Bancos de Estados Unidos, entre otros, al tiempo que los «amigos» de Paul Singer, el titular de Elliott, propietario del fondo buitre NML, son académicos de la Universidad de Chicago, entre otros.
El pasado viernes, en su réplica, Argentina volvió a solicitar a la Cámara de Apelaciones de Nueva York que revierta el fallo tomado por el juez Thomas Griesa el 21 de noviembre, donde obligaba a la Argentina a pagar 1330 millones de dólares con fondos de bonistas que ingresaron a los canjes 2005 y 2010.
La presentación consideró que el juez Griesa se extralimitó en sus atribuciones al tomar esa decisión debido a que en nombre de la «igualdad de trato» no se puede privar a los tenedores de bonos canjeados de los beneficios obtenidos a través del proceso de restructuración de deuda llevado adelante por Argentina.
Argentina sostiene que la interpretación de Griesa sobre el «Pago Prorrata» debe ser rechazado, ya que el pago del 100 por ciento de lo adeudado en un solo pago -como reclaman los fondo buitre- es claramente contrario al concepto de «trato igualitario».
Argentina explicó a la Corte de Distrito, que una interpretación de ese tipo disparará reclamos de tenedores de aproximadamente 15.000 mil millones de dólares en capital e interés de deuda en default adicional, un monto equivalente a la tercera parte de las reservas del país.
Y si se suman los que ingresaron a los canjes -debido a la cláusula de acreedor más favorecido en el contrato de los bonos-, los reclamos ascenderían a los 43.000 millones de dólares, cifra que supera la totalidad de las reservas internacionales argentinas.
